
La Gobernación de Cundinamarca emitió la Resolución N°. 004627 del 19 de junio de 2026, mediante la cual adoptó una decisión dentro de un proceso administrativo sancionatorio adelantado contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, Cundinamarca. En la institución educativa estudió Valeria Afanador, una niña que fue reportada como desaparecida en agosto de 2025 y que días después fue hallada muerta; falleció por ahogamiento.
Mediante dicha resolución, la Gobernación de Cundinamarca resolvió sancionar a la institución educativa por presunto incumplimiento normativo. La rectora Sonia Ochoa Daza también fue sancionada. Sin embargo, la decisión no está en firme todavía, según indicó Blu Radio, que tuvo acceso al documento.
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“DECLARAR administrativamente responsable al establecimiento educativo COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LOS LAURELES BILINGÜE, identificado con DANE N° 425128048007, NIT 832007998-5, Rectora. SONIA OCHOA DAZA (...), por la infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo, de conformidad a la parte motiva del presente Acto Administrativo”.

De acuerdo con el documento, la administración departamental determinó imponer como sanción la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio, la cual empezará a regir a partir de la finalización del calendario académico del año lectivo 2026.
Por otro lado, ordenó a la rectora de la institución educativa presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026. Ese documento deberá ser enviado a la Secretaría Educación de Cundinamarca. Asimismo, compulsó copias de lo actuado en el expediente a la Fiscalía General de la Nación.
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“El establecimiento educativo investigado presta el servicio público de educación formal en los niveles autorizados de conformidad con la licencia de funcionamiento y, en virtud de ello, se encuentra obligado al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación del servicio educativo, así como de los deberes especiales de protección, cuidado, vigilancia”, precisó la Gobernación de Cundinamarca.

La administración departamental también ordenó que, una vez esté en firme y ejecutoriada la decisión administrativa, se debe notificar a la Secretaria de Educación Cundinamarca mediante oficios, la cual deberá emitir una comunicación interna dirigida a la Dirección de Cobertura y a la Dirección de Buen Gobierno Educativo. Esto, con el fin de que cesen los trámites y registros del colegio.
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Abogado Julián Quintana había solicitado el cierre del colegio
En septiembre de 2025, luego de que fuera hallado el cuerpo de Valeria Afanador, el abogado Julián Quintana, que actuó como representante civil de la familia de la menor de edad, se pronunció ante los medios de comunicación para indicar que solicitó al Ministerio de Educación y a otras autoridades competentes el cierre del colegio.
El jurista aseguró que la institución es muy vulnerable en materia de infraestructura y, por ende, no garantiza la seguridad de quienes allí permanecen. “El colegio debe estar cerrado. No cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos”, precisó el abogado ante la prensa.
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De igual manera, indicó que el colegio no está ubicado a 50 metros a la redonda del río donde Valeria Afanador se ahogó. Afirmó que está dentro de esos 50 metros y, por ende, insistió en la necesidad de que sea cerrado de manera definitiva, debido al incumplimiento de varias normas.
“Desde el punto de vista penal, pedirle a la Fiscalía que investigue a su rectora y empleados, porque aquí se configura una omisión profunda. Y como se lo he dicho a varios de ustedes, artículo veinticinco, posición de garante, comisión por omisión, deben responder por este delito y en eso vamos a ser implacables frente a la responsabilidad”, añadió el abogado.
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