En imágenes: 100 guerrilleros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano inician tránsito a la vida civil en Putumayo

Cien integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) comenzaron su proceso de desarme y reintegración en una zona de preconcentración, como parte de los acuerdos de paz suscritos con el Gobierno en el departamento de Putumayo.

El movimiento, ejecutado entre el 14 y el 19 de junio, marca un nuevo capítulo en la implementación de la Paz Total y representa un avance en la reducción del conflicto armado en el sur del país, según destacó la administración de Gustavo Petro.

Traslado y condiciones del proceso de desmovilización

El grupo de combatientes de la Cneb, considerado disidencia de las antiguas Farc y liderado por Walter Mendoza, arribó al municipio de Valle del Guamuez tras un traslado coordinado en helicópteros desde diferentes puntos del departamento de Putumayo.

Las autoridades informaron que los 100 integrantes ya permanecen en la zona de preconcentración, paso previo al ingreso a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), ubicada en la vereda Betania, que abarca cerca de 12 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno nacional, los guerrilleros ingresaron sin armas ni uniformes, en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los ciclos de diálogo.

El jefe de la delegación gubernamental en la mesa de negociaciones, Armando Novoa, subrayó ante los medios que este paso constituye “un avance significativo en el proceso de desarme y reintegración”, en el que participa un Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA), países acompañantes y la Iglesia católica.

Funcionamiento y garantías en la Zona de Ubicación Temporal

La ZUT en Valle del Guamuez fue adecuada para recibir a los integrantes de la Cneb, con una vigencia inicial de diez meses. Este espacio busca facilitar la verificación del cese al fuego, la entrega gradual del material bélico y la ejecución de actividades de capacitación orientadas a la reinserción social y económica. Durante el desarrollo del traslado, el Gobierno suspendió las operaciones militares y policiales en la zona para garantizar la seguridad del movimiento.

El acuerdo contempla también compromisos en materia de desminado humanitario y erradicación de cultivos ilícitos en áreas bajo influencia de la Cneb. El proceso incluyó la destrucción de 14,5 toneladas de explosivos y la vinculación de cerca de 13.500 habitantes de Putumayo al programa Renhacemos, que permitió la erradicación de unas 8.000 hectáreas de coca.

Reacciones y controversias durante la implementación

El avance del proceso se da en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial, lo que generó críticas sobre el momento y la conveniencia de la medida.

Algunos sectores advirtieron que la decisión podría influir en el ambiente electoral o interpretarse como una concesión política. El Gobierno, por su parte, niega que se trate de una repetición de la experiencia del Caguán y defiende la medida como un compromiso humanitario y territorial.

Armando Novoa precisó que la orden judicial que pretendía suspender el traslado resultaba “imposible de cumplir”, dado que los guerrilleros ya se encontraban en el punto de preconcentración.

“Ya han sido trasladadas vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la Zona de Ubicación, y sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen”, afirmó el delegado.

Entrega de armas y garantías jurídicas

Las armas y municiones entregadas por los integrantes de la Cneb serán puestas a disposición de la fuerza pública, que a su vez las remitirá al Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil) para su destrucción. Las imágenes divulgadas muestran a los combatientes depositando sus fusiles en un contenedor identificado con la frase “Le apuesta a la vida, le cumplo a la paz”.

Las autoridades aclararon que los guerrilleros que participan en este proceso no figuran entre quienes están señalados de crímenes graves ni tienen órdenes de extradición vigentes. La Fiscalía General de la Nación recibió la información de los nombres de los beneficiarios, garantizando transparencia en la selección de quienes acceden al proceso.

El proceso continuará con la implementación de proyectos productivos y formación para la vida civil, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y bajo la supervisión de los organismos internacionales y nacionales que integran el mecanismo de verificación.