Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’ y los exparamilitares le fallan a la Paz Total: solo el 10% de los compromisos han sido cumplidos

Durante el Gobierno Petro se comenzó a utilizar la figura o rol temporal de gestor de paz para los individuos que faciliten acercamientos, promuevan la reconciliación y ayuden a desescalar la violencia como parte de la política de Paz Total.

Debido a ello, individuos que tuvieron un papel clave en el conflicto interno durante los 90 e inicios del 2000 han pedido ser designados gestores de paz, entre ellos el exlíder del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, que permanece en una prisión de Estados Unidos.

Entre los casos aceptados, que han generado opiniones divididas en el país, se encuentra Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia que, desde que volvió a Colombia, ha reiterado su compromiso de aportar verdad a las víctimas de la estructura paramilitar.

Los compromisos de Mancuso y otros exparamilitares con Colombia

Teniendo en cuenta la promesa que hizo Mancuso y otros gestores de paz designados por el Gobierno Petro, Caracol Radio publicó un informe en el que criticó el porcentaje de ejecución del acuerdo de Ralito.

El medio citado reveló 16 planes de trabajo y las actas de compromiso que suscribieron los exparamilitares designados como gestores de paz. Entre los firmantes se encuentran Salvatore Mancuso, “Macaco”, “Jorge 40″, “Cuco Vanoy” y “Don Berna”, todos excabecillas de las AUC.

Estos documentos detallan la hoja de ruta y el propósito de la figura de los gestores de paz, que no modifica la situación jurídica de los nombrados ni afecta las medidas de aseguramiento vigentes. Algunos de ellos debían cumplir estas funciones desde cárceles en el extranjero y la designación no implica beneficios judiciales.

El plan de trabajo inicial contemplaba cuatro ejes temáticos: búsqueda de personas desaparecidas, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y entrega o recuperación de bienes. Una de las acciones más relevantes era la realización de diálogos confidenciales con diferentes actores del conflicto, acompañados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), con el objetivo de localizar víctimas. A pesar de la importancia de estos objetivos, el comité encargado de impulsar las acciones, liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo se reunió una vez en Valledupar para el acto de instalación. Desde entonces, el proceso permanece paralizado.

Cada exparamilitar designado como gestor de paz debía liderar compromisos individuales. Estos iban desde actos públicos de reconocimiento y perdón, hasta iniciativas de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y espacios de reparación simbólica en diferentes regiones. No obstante, ninguna de estas iniciativas se materializó y permanecen solo en los documentos.

Uno de los ejemplos de los resultados negativos es lo que ha pasado con “Martín Llanos”, cuyo plan de trabajo contemplaba la creación de un museo interactivo en Casanare, con fotografías, testimonios y objetos del conflicto armado, además de actividades educativas y culturales sobre memoria y paz, algo que sigue sin ser consolidado.

Por su parte, “Diego Vecino” propuso la realización de un encuentro comunitario y acto público de perdón en El Salado, Carmen de Bolívar, zona marcada por el conflicto y hechos delictivos que afectaron a las comunidades campesinas.

Salvatore Mancuso planteó acciones orientadas a la búsqueda prioritaria de personas desaparecidas (en la frontera con Venezuela), iniciativas de memoria y homenajes a las víctimas, reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por hechos de violencia en Montes de María, participación en rutas restaurativas con universidades públicas del Caribe colombiano, actos de reconocimiento en los hornos de Juan Frío y en la Universidad Francisco de Paula Santander, así como un acto dirigido a víctimas en el exterior.

A pocos meses de cumplirse un año de la resolución que designó a estos gestores de paz, el balance se limita a un único evento de instalación realizado en octubre de 2025 en Valledupar y al estancamiento del proceso. Cifras de la Fiscalía indican que la ejecución de las sentencias alcanza el 10%.