La detención del activista colombiano Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, el martes 16 de junio de 2026 puso el foco sobre la intervención de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia federal estadounidense vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya presencia en una captura suele estar asociada, según esa entidad, a la existencia de causa probable y autoridad legal para actuar.
Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre los motivos del procedimiento. Ninguna autoridad estadounidense ha indicado si el caso de Coral está relacionado con una investigación criminal, con un proceso migratorio o con otro trámite federal. Por eso, la participación de HSI llamó la atención, pues esa oficina no se limita a asuntos migratorios.
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El periodista reveló un video que habría sido grabado por el activista con sus gafas inteligentes, y en el que se ve al menor que sería su hijo, justo cuando paseaban su perro - crédito @DCoronell/X
La propia descripción oficial de sus facultades indica que sus arrestos suelen producirse después de una investigación previa. Según esa autoridad, este tipo de procedimientos puede ejecutarse mediante órdenes de captura, acusaciones formales de un gran jurado o en operaciones conjuntas con agencias federales, estatales o locales.
La reacción de Petro a la detención de Beto Coral
El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que la detención de Beto Coral por parte de ICE en Estados Unidos no responde a un asunto migratorio aislado, sino a una “persecución política” contra un colombiano al que ubicó dentro de una “lista de exterminio” ligada con el progresismo.
En su intervención en el Consejo de Ministros, sostuvo que ese caso constituye el “primer caso real” de una dinámica que, según dijo, busca perseguir a civiles por su identidad política.
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Petro identificó a Coral como “el primer caso” y pidió una reacción de la Cancillería. “La Cancillería tiene que solicitar su libertad, porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos y víctima un ciudadano de Colombia”, dijo en la transmisión del Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026.
El mandatario aseguró que Coral vivía en Estados Unidos, que manejaba un Uber y que fue detenido recientemente por las autoridades migratorias. También dijo que desconoce su estatus legal y añadió que, si no tenía derecho a permanecer en ese país, Colombia incluso podría asumir su traslado: “Que nos lo devuelvan, nosotros pagamos el transporte”.
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Petro vinculó ese episodio con amenazas previas que, conforme a su versión, recibió Coral en Florida. “El Beto Coral, la Florida, había sido amenazado por la exsenadora Cabal pidiendo su captura, o sea, entrando a listas de exterminio”, afirmó.
En su declaración, el jefe de Estado planteó que la detención no puede leerse por fuera de un patrón más amplio contra personas identificadas con el progresismo. “La persecución a un grupo civil con identidad política que terminó en el genocidio de la UP, por eso ahora es crimen contra la humanidad y que se quiere hacer sobre el progresismo”, dijo.
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Gustavo Petro cerró su mensaje con una exigencia directa al Gobierno. “Entonces, Cancillería tiene que moverse”, afirmó, antes de rematar: “Entonces, actúe, mi ministro”.
En el mismo tramo de su intervención, Petro cuestionó a quien, según él, promovió la persecución de colombianos por razones ideológicas. “Lo primero que pidió fue que su país, su justicia, persiguiera colombianos, solo porque no piensan como él”, expuso.
Petro también cargó contra la política migratoria de Estados Unidos
Durante su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro se refirió en términos duros a las autoridades migratorias estadounidenses. Dijo que ICE está compuesto por “guardias racistas”, que “persiguen a todos los latinoamericanos como perros”, que “tienen campos de concentración” y que deportan a migrantes.
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Al hablar de Coral, Petro también aludió a su historia personal. Señaló que es hijo de un policía asesinado y lo presentó como parte de “la historia de muchos”, antes de insistir en que el caso debe ser atendido por el Estado colombiano.
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