Tribunal ordenó entregar a la familia de Rosa Elvira Cely grabaciones de las llamadas al 123 realizadas antes de su feminicidio

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá entregar, en un plazo máximo de 15 días, las grabaciones de las llamadas realizadas a la línea de emergencias 123 por Rosa Elvira Cely el día en que fue atacada, en mayo de 2012.

La decisión fue adoptada tras resolver una insistencia presentada por Adriana Aranda Cely, hermana de la víctima del feminicidio.

La solicitud se originó luego de que la entidad distrital negara el acceso a las grabaciones requeridas por la familiar. Ante esa respuesta, Adriana Aranda Cely acudió a la justicia para insistir en la entrega de los audios, argumentando su condición de víctima indirecta y el derecho a acceder a información relacionada con los hechos que rodearon la muerte de su hermana.

La petición presentada buscaba obtener la “copia íntegra del cd que contiene la grabación en audio de las dos llamadas hechas por mi hermana” a la línea de emergencias 123 el día de la agresión. Según expuso ante las autoridades judiciales, el propósito de la solicitud estaba relacionado con aspectos personales y con los derechos que le asisten como familiar de la víctima.

“Poder oír la voz de mi hermana y oír sus últimas palabras. Me gustaría poder oír la voz final de mi hermana”, manifestó Adriana Aranda Cely dentro de la insistencia estudiada por el tribunal.

Asimismo, señaló que “el acceso a estos audios forma parte de mis derechos a la verdad y a la reparación. Oírlas, por fuerte que sean, es algo que permite que la memoria del trauma no me ancle al pasado”.

Argumentos del tribunal sobre el acceso a la información

Al resolver el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la hermana de Rosa Elvira Cely tiene derecho a acceder a las grabaciones. En su decisión indicó que la solicitante posee la calidad de víctima indirecta y, además, es cotitular de la información requerida.

La providencia señala que “la peticionaria es cotitular de la misma en calidad de víctima y hermana de la persona asesinada, por lo cual tiene derecho a acceder a la misma”.

El fallo también abordó los argumentos relacionados con la confidencialidad de los audios, planteados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sobre ese punto, el tribunal sostuvo que la invocación de confidencialidad equivale a alegar una reserva legal para restringir el acceso a información pública.

No obstante, la decisión autorizó a la entidad distrital a suprimir los nombres de los funcionarios que atendieron las llamadas, en caso de que estos no otorguen autorización para revelar su identidad.

Otro de los elementos analizados por los magistrados fue el tiempo transcurrido desde la culminación del proceso penal. El tribunal destacó que la investigación y el juicio concluyeron hace más de 13 años con una sentencia ejecutoriada, por lo que la entrega de los audios no representa una afectación para el interés público ni para el desarrollo de actuaciones judiciales.

En ese sentido, la decisión indica que “ya no constituiría daño a intereses públicos ni a personas naturales ni se pone en peligro la investigación que ya terminó, y con su entrega no se viola reserva alguna pues no comprometen derechos a su privacidad e intimidad”.

El caso que marcó un cambio en la legislación colombiana

El feminicidio de Rosa Elvira Cely ocurrió en mayo de 2012 y se convirtió en uno de los casos más conocidos de violencia contra las mujeres en Colombia. Los hechos generaron una amplia reacción ciudadana y dieron origen a cambios en el marco jurídico relacionado con este tipo de delitos.

Rosa Elvira Cely, de 35 años, salió del Colegio Manuela Beltrán junto a Javier Velasco, compañero de estudios. De acuerdo con los antecedentes del caso, posteriormente fue llevada al Parque Nacional de Bogotá, donde fue víctima de una agresión física y sexual.

Durante el ataque, la mujer alcanzó a comunicarse con la línea de emergencias 123 para solicitar ayuda y advertir que estaba siendo agredida. Sin embargo, según se conoció posteriormente, se presentaron fallas en la respuesta institucional, situación que fue objeto de debate público y de procesos judiciales posteriores.

Rosa Elvira Cely falleció cuatro días después en el Hospital San Ignacio como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

El impacto social del crimen derivó en movilizaciones ciudadanas y en exigencias de reformas legales para fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Como resultado de ese proceso fue expedida la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely.

La norma convirtió el feminicidio en un delito autónomo dentro de la legislación colombiana y estableció sanciones específicas para quienes cometan este tipo de conductas.

En el ámbito judicial, Javier Velasco fue condenado a 48 años de prisión por los hechos relacionados con el asesinato de Rosa Elvira Cely.

El episodio también impulsó discusiones sobre la revictimización de las mujeres dentro de las instituciones estatales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y protección frente a las denuncias de violencia basada en género.