
Los ataques con drones usados por grupos armados ilegales dejaron cerca de 328 personas asesinadas o heridas en Colombia durante los últimos dos años, entre civiles y militares. Con ese balance como una de las principales alertas, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto para regular el uso de estos equipos y crear reglas sobre sistemas antidrones.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la iniciativa fue presentada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Arnulfo Sánchez, como parte de un paquete de cuatro proyectos estratégicos que quedaron radicados al cierre de la administración. El objetivo, según la cartera, es fortalecer las capacidades institucionales frente a nuevas amenazas y actualizar normas relacionadas con defensa y seguridad.
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Dos proyectos fueron radicados en la Cámara de Representantes: la regulación de drones y antidrones, y la reforma a la Ley de Veteranos. En el Senado fueron presentados el Estatuto de Soldados e Infantes de Marina Profesionales y la reforma al Código Disciplinario Militar.
La principal apuesta es la regulación de drones, una iniciativa que vuelve al Congreso en medio del aumento de ataques con equipos comerciales adaptados para acciones criminales. El ministro Sánchez advirtió que el conflicto armado cambió y que el país necesita una legislación capaz de responder a esa nueva realidad.

Drones comerciales convertidos en amenaza
Según el Ministerio de Defensa, el 88 % de los ataques con drones han sido atribuidos a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, mientras que otro 11 % corresponde a estructuras del cartel del narcotráfico del ELN.
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El departamento más afectado es Cauca, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. En esas regiones, las autoridades han advertido sobre el uso de drones para atacar a la Fuerza Pública, intimidar comunidades y afectar la seguridad en zonas donde operan estructuras armadas ilegales.
La iniciativa busca crear una estrategia integral para regular la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, porte, transporte, vigilancia y uso de drones en Colombia. La intención es que quienes emplean estos equipos con fines comerciales, agrícolas, industriales o audiovisuales puedan seguir haciéndolo bajo reglas claras y dentro de la legalidad.
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El proyecto también establece un marco legal para el uso excepcional de sistemas antidrones, tecnologías que permiten detectar, controlar o neutralizar estos aparatos cuando representen una amenaza para la seguridad.
Durante la radicación, Sánchez insistió en que la propuesta no pretende frenar el desarrollo tecnológico. “No es una ley contra la tecnología; es una ley para proteger a los colombianos”, afirmó.
Veteranos, soldados y disciplina militar
El paquete legislativo también incluye una reforma a la Ley de Veteranos, con la que el Gobierno busca fortalecer beneficios para más de 214.000 veteranos certificados en el país. La propuesta crea el Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano, con el fin de articular a entidades del Estado en la atención de esta población.
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Además, fortalece el Consejo de Veteranos y amplía los mecanismos de participación y presencia institucional en las regiones, un punto que el Ministerio considera clave para mejorar el acompañamiento a quienes sirvieron en la Fuerza Pública.
Otro proyecto radicado en el Senado es el Estatuto de Soldados Profesionales e Infantes de Marina, que beneficiaría a cerca de 86.200 uniformados. La iniciativa busca dignificar su carrera con más oportunidades de formación académica, capacitación, acceso a estudios técnicos y profesionales, criterios de ascenso basados en mérito y aumento de la bonificación para quienes están en formación, que pasaría del 33 % al 50 %.
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El ministro explicó que los soldados con mejor desempeño también podrían acceder con mayor facilidad a escuelas de formación de oficiales y suboficiales, además de nuevos estímulos educativos.
El cuarto proyecto corresponde a la reforma al Código Disciplinario Militar, que actualiza las normas de disciplina de las Fuerzas Militares conforme a la Constitución y a estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta fortalece el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble instancia y la imparcialidad en investigaciones disciplinarias.
Ahora, los cuatro proyectos quedan en manos del Congreso, que deberá debatir si estas iniciativas avanzan y se convierten en ley.
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