Frenan minería irregular en la cuenca del río Fonce tras denuncias comunitarias

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó este mes la suspensión inmediata de actividades de explotación minera en zonas no autorizadas de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas estratégicas del sur de Santander. La medida responde a denuncias de comunidades rurales sobre presuntas irregularidades en la extracción de materiales de construcción.

El pronunciamiento oficial de la CAS llegó tras una visita de inspección y vigilancia ambiental en municipios como Socorro, Cabrera y Palmar, donde habitantes de la vereda Baraya y el sector El Hoyo alertaron sobre el avance de frentes de explotación minera cerca de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles. En su comunicado, la entidad detalló: “CAS ordena suspensión inmediata de explotación minera ilegal en zonas cercanas a la cuenca del río Fonce”.

Durante la inspección técnica, los funcionarios de la CAS verificaron la existencia de varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151. La autoridad ambiental determinó que algunas de estas actividades se desarrollaban por fuera de los límites autorizados por la Agencia Nacional de Minería y la propia corporación. Según el informe oficial, esta situación generó preocupación por el riesgo de afectación directa sobre microcuencas, afluentes, ecosistemas estratégicos y zonas agrícolas.

Según la entidad, “el desarrollo de actividades mineras por fuera de las áreas autorizadas puede generar impactos ambientales significativos sobre los recursos naturales y las comunidades del territorio”. El comunicado agrega que las extracciones irregulares podrían alterar el abastecimiento de agua y la productividad agrícola en la provincia Comunera, así como comprometer el equilibrio de los ecosistemas locales.

La CAS impuso una medida preventiva: la suspensión inmediata de todas las actividades mineras detectadas en zonas no autorizadas, mientras avanza el proceso sancionatorio ambiental conforme a la Ley 1333 de 2009 y su modificación de 2024. El procedimiento busca establecer las responsabilidades y el alcance de los posibles daños generados.

La actuación de la autoridad ambiental tuvo origen en la presión de los habitantes de las veredas afectadas, quienes insistieron en la necesidad de controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Líderes comunitarios venían señalando el impacto potencial sobre las fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales y productoras de la región.

La CAS reiteró públicamente su compromiso con la protección de los recursos naturales y anunció que mantendrá el seguimiento técnico y las acciones de control en la zona para garantizar el cumplimiento de la suspensión e impedir nuevas intervenciones no autorizadas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las investigaciones y se determina la magnitud de las posibles afectaciones. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para las actividades extractivas en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Mientras la cuenca del río Fonce se encuentra bajo medidas de protección ambiental, el Ministerio de Ambiente ha dado a conocer una nueva decisión orientada a resguardar ecosistemas estratégicos en el país. Recientemente, la entidad formalizó la Reserva de Recursos Naturales Renovables “Corazón del Mundo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, delimitando un área de 1,5 millones de hectáreas, en las que quedan vetadas las nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Esta resolución impide que se otorguen futuros permisos para actividades extractivas de combustibles fósiles dentro del territorio protegido. Según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, la reserva permite el desarrollo de actividades agrícolas, proyectos turísticos y otras iniciativas consideradas sostenibles, sin afectar la propiedad privada ni los procesos de titulación de tierras.

La medida no altera la autonomía de los pueblos indígenas de la sierra, quienes seguirán ejerciendo autoridad sobre sus territorios. La decisión del Ministerio responde a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), representante de los pueblos Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. Con esta disposición, la protección ambiental sobre la región se amplía de manera permanente, superando la cobertura provisional que existía desde hace unos meses.