Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

La Judicatura de la Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia errores en la investigación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al concluir que el ente acusador privilegió una salida rápida antes que una contribución efectiva a la verdad y a la reparación de las víctimas en el caso.

El llamado de atención no quedó solo en la negociación fallida con Harold Daniel Barragán. Según el acta publicada por Semana, una jueza también negó la solicitud de declaratoria de persona ausente contra siete investigados de la Segunda Marquetalia. En su criterio, la Fiscalía, líderada por Luz Adriana Camargo, no acreditó los requisitos materiales y formales exigidos para ese trámite.

Durante la audiencia para legalizar el acuerdo con alias Harold, encargado de reclutar al menor de edad que disparó al legislador, la Judicatura cuestionó los beneficios para los implicados, que calificó de excesivos, y la escasa retribución para las víctimas, refiere el documento al que accedió la revista. La jueza también advirtió que la entidad pública escogió la ruta más corta para obtener una condena, pese a una investigación larga, rigurosa y con resultados.

Esa decisión dejó sin efecto el acuerdo con Barragán y obligó al ente acusador a tomar una nueva dirección en materia de negociación con el fin de impulsar una reparación efectiva y un aporte real a la verdad.

El abordaje de la Fiscalía sobre los miembros de la Segunda Marquetalia implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El otro revés judicial recayó sobre el intento de vincular como prófugos de este crimen a cabecillas de la Segunda Marquetalia. Según el acta citada por Semana, la jueza negó la declaratoria de persona ausente presentada por el órgano encargado de ejercer la acción penal respecto de los siete investigados porque no se cumplieron los requisitos legales para demostrar su localización o la imposibilidad de ubicarlos.

La misma decisión judicial describió fallas concretas de la policía judicial y de la Fiscalía. El documento es enfatico en expresar que hubo “errores materiales graves e imputables a la policía judicial en el trámite de localización del ciudadano Kendry Téllez, consistentes en la citación a un correo electrónico equivocado y la marcación a un número telefónico errado, sumado a que la Fiscalía omitió desplegar labores de búsqueda individualizada frente a los demás requeridos”.

Ese fue el punto central del reproche: la Fiscalía no demostró que hubiera intentado ubicar, por todos los medios disponibles, a alias Iván Márquez, el “Zarco Aldinever”, “Jhon 40”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako”, integrantes de esa estructura, conforme expuso el texto fuente. La jueza dejó claro que no bastaba con presumir que, por tratarse de criminales conocidos, el trámite estaba resuelto.

El expediente sostiene que el problema no era probar que alias Iván Márquez lidera una organización terrorista o que esos nombres están asociados a delitos graves. El problema procesal era otro: acreditar una búsqueda real y correctamente ejecutada, algo que la jueza consideró incumplido.

El próximo examen judicial será la negociación con alias Chipi o el Costeño

La controversia sobre los preacuerdos sigue abierta porque otro juez definirá la negociación de Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño, identificado como cabecilla de la red de sicarios que asesinó al senador. Según el acto de la Judicatura, la Fiscalía le ofreció una reducción considerable de pena a cambio de contar hechos que ya eran conocidos y cuando otros testigos ya habían declarado.

Ese dato responde la pregunta central que atraviesa el caso: qué le están cuestionando los jueces a la Fiscalía. La respuesta es doble: beneficios amplios sin una contraprestación suficiente para las víctimas y fallas procesales básicas en actuaciones que debían sostenerse con diligencias elementales de búsqueda y notificación.

La crítica resulta más severa porque, en el documento publicado por el medio citado, la Fiscalía cuenta con pruebas para llevar a Arteaga a juicio y buscar una condena ejemplar. Aun así, el ente acusador volvió a optar por una negociación que ahora queda bajo examen judicial, después de que el acuerdo con Barragán ya había sido rechazado.