Cuestionan salida de generales limpios mientras oficiales con procesos e investigaciones siguen activos

El retiro de generales sin investigaciones activas suscitó dudas sobre los criterios empleados por el Gobierno de Colombia, tras la salida del general Erick Rodríguez, entonces subjefe de Operaciones de las Fuerzas Militares y encargado del Plan Democracia durante las últimas elecciones.

Integrantes de la reserva y altos mandos en ejercicio contrastaron esos retiros con la permanencia de oficiales sometidos a procesos judiciales o disciplinarios, un escenario que —según informó la revista Semana— intensificó el debate interno sobre los estándares de evaluación y la percepción de justicia en la institución.

El Ejecutivo retiró a generales sin antecedentes disciplinarios o judiciales reportados por ese medio, mientras mantuvo en servicio a otros oficiales mencionados en investigaciones o denuncias, según fuentes citadas del medio mencionado. La publicación atribuyó esas decisiones a las facultades discrecionales del presidente.

El Gobierno no ofreció explicaciones públicas sobre los motivos concretos de esos movimientos y esa ausencia de justificación alimentó inquietud entre oficiales retirados y sectores de la opinión pública.

En los últimos meses, cerca de 100 uniformados de distintos rangos fueron apartados del servicio.

La publicación incluyó en ese grupo al general Erick Rodríguez y afirmó que la controversia creció por la continuidad de mandos que enfrentaban procesos judiciales o disciplinarios.

Generales activos con denuncias e investigaciones

Algunos generales con procesos judiciales o cuestionamientos éticos vigentes continuaron en funciones en el Ejército. Entre ellos mencionó al general Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército y agregado militar en Estados Unidos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un trámite de sometimiento contra Cardozo por 6 casos en los que 9 personas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Santander.

Un documento de la JEP citó requerimientos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que el oficial firmara el acta de sometimiento y aportara información sobre su eventual participación en los hechos, con base, entre otros elementos, en testimonios de militares retirados.

Al general Federico Mejía, jefe de Educación y Doctrina del Ejército, como objeto de una indagación de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El expediente incluía señalamientos por asociación para delinquir, peculado por apropiación y abuso de función pública.

Mejía también fue mencionado en denuncias sobre presuntos nexos con grupos armados en Cauca, a partir de grabaciones en las que se observó a soldados actuando junto a civiles armados en Ortega.

Presuntamente, el general habría ordenado liberar a un presunto traficante y devolverle la droga incautada, en un operativo en el que, según su versión, participaron tres helicópteros militares.

En la lista de mandos mencionados, se incluyeron al general Juan Miguel Huertas, entonces comandante de Personal, y al general Olveiro Pérez, exinspector del Ejército.

Huertas –reintegrado por decisión del presidente Gustavo Petro– fue investigado por presuntos vínculos con disidencias de las Farc identificadas por esa publicación como las de alias Calarcá. La revista afirmó que la Procuraduría lo suspendió por tres meses y que luego regresó a su cargo.

Sobre Olveiro Pérez, denuncias sustentadas en videos y mensajes, en los que se relató que soldados y suboficiales habrían sido destinados a tareas domésticas en beneficio del general y de su esposa. La publicación aseguró que, pese a esas evidencias, el oficial continuó en servicio.

Retiros sin procesos reportados y falta de explicación oficial

La salida del general Erick Rodríguez, según Semana, ilustró la ausencia de criterios explícitos en ascensos y retiros de altos oficiales. La revista sostuvo que la medida sorprendió al propio general y a parte de la oficialidad porque no reportó procesos ni señalamientos en su contra.

Junto a Rodríguez, los retiros de los generales Jhon Jairo Rojas, Hernando Garzón Rey y David Leonardo Gómez, en circunstancias similares y sin antecedentes judiciales reportados por la publicación. La revista indicó que varios de ellos denunciaron corrupción u otras irregularidades al interior de la institución y que, según fuentes consultadas por ese medio, esas denuncias pudieron derivar en presiones internas.

En el caso del general Jhon Jairo Rojas, habría sido blanco de montajes para vincularlo con disidencias armadas. Sobre Hernando Garzón Rey, se reabrió un expediente por presuntos lazos con el narcotráfico en Guaviare y el oficial aseguró que se trató de información incorrecta entregada al presidente.

Ni el ministro de Defensa ni el Gobierno dieron razones públicas sobre esos retiros y esa falta de explicación reforzó entre los retirados la percepción de arbitrariedad.

Cuestionamientos desde la reserva y la defensa de la discrecionalidad

La disconformidad llegó a asociaciones como la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) y el Cuerpo de Generales y Almirantes, cuyos voceros reclamaron reglas claras y no determinadas por criterios políticos para la conformación de la cúpula militar, según Semana.

El general (r) Guillermo León, presidente de Acore, advirtió al medio mencionado que mantener a mandos con procesos en curso mientras se retira a oficiales sin investigaciones reportadas por ese medio debilita la confianza institucional y afecta el prestigio de la fuerza. El general retirado sostuvo que debería definirse el tratamiento de cada caso y que, ante investigaciones graves, debería prevalecer el retiro.

El almirante (r) Hernando Wills, al frente del Cuerpo de Generales y Almirantes, afirmó que, aunque la discrecionalidad presidencial es legítima, puede generar sospechas sobre los motivos de ciertas decisiones, sobre todo después de denuncias públicas de algunos oficiales retirados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo a Semana: “Las decisiones que tome el presidente de la república son acordes a sus facultades y obedecen a necesidades del servicio, al criterio propio de la administración de personal, como lo estime conveniente para conducir las Fuerzas Militares”.