La SAE recuperó mansión de Fernando Galeano y ‘Kiko’ Moncada, los capos que Pablo Escobar asesinó dentro de La Catedral

El 22 de julio de 1992 se registró la fuga de Pablo Escobar de La Catedral, prisión en la que asesinó jornadas antes a Fernando Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada, los capos que se hicieron cargo de las rutas de narcotráfico tras su entrega.

Se cree que Escobar ordenó el asesinato de Galeano y Moncada tras enterarse de que estaban escondiendo dinero de la entrega de la cocaína al exterior y que ambos rechazaron seguir pagando un “impuesto” que el capo les cobraba por utilizar sus rutas.

Terratenientes del líder del cartel de Medellín afirmaron que los cuerpos fueron quemados para evitar que las autoridades descubrieran que los visitantes no habían salido del centro carcelario, pero las familias de los capos alertaron sobre el desenlace de los criminales, lo que terminó con el escape de Escobar ante el intento del Gobierno de cambiarlo de prisión.

Han pasado 34 años desde la muerte de los socios de Escobar, y hasta la fecha se siguen identificando propiedades que estuvieron en su poder durante el auge del cartel de Medellín.

En un caso de esta índole, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que en Medellín fue recuperada una lujosa mansión que en su momento perteneció a Fernando Galeano y Gerardo Moncada.

“Aunque su historia terminó hace más de 30 años en La Catedral, los bienes que hicieron parte de su imperio criminal siguen siendo recuperados por el Estado. Con este inmueble, ya son más de 200 activos recuperados en la región. Lo que antes estuvo ligado al narcotráfico, hoy vuelve a manos de los colombianos”.

El predio estaba siendo ocupado por Dolly Victoria Álvarez, que apareció en un informe sobre la recuperación de Los Arenales, una finca en Cartagena, Bolívar, que fue utilizada para tener a secuestrados durante el conflicto interno en los 90. “Contundentemente, se llevó a cabo la recuperación de este bien, adquirido por el cartel de Medellín con dinero que claramente provenía del nefasto delito del narcotráfico y el lavado de activos. Ahora, este inmueble hará parte de un proceso de comercialización, cuyos recursos serán destinados para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado”, declaró la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, tras la intervención.

La historia sobre el predio intervenido

Infobae Colombia tuvo acceso al documento con el que la Fiscalía colombiana confirmó la extinción de dominio sobre la propiedad del “clan Galeano”, señalados de servir como testaferros del cartel de Medellín.

Según los reportes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá envió el 7 de abril de 2010 un oficio en el que solicitó evaluar la procedencia del proceso contra los bienes de la familia Galeano.

Las investigaciones citan una lista de personas naturales y jurídicas presuntamente implicadas, además de sociedades comerciales y bienes inmuebles distribuidos en Medellín y su área de influencia. Entre las sociedades mencionadas aparecen Agropecuaria y Ganadería del Sur (Agroganasur), Comercializadora Asencofit, Importaciones San Diego, Constructora Sara Ltda., Autocamiones Ltda. y Constructora Comercial Mi Rey. De esa forma, las autoridades identificaron como integrantes del clan a Luis Fernando Galeano Berrío, Aura Galeano de Berrío, María Eugenia Galeano Berrío y Rafael José Galeano Berrío, de los cuales, la mayoría murieron en hechos violentos relacionados con disputas internas por fondos del cartel.

La propiedad intervenida es un predio rural de 400 metros cuadrados en la vereda Itagüí, que fue adquirido por Rafael José Galeano Berrío a través de escritura pública en septiembre de 2000, por un valor de 2.5 millones de pesos colombianos. También se incluye un parqueadero urbano en Medellín, comprado por el mismo individuo en 1989, por un monto de 2.7 millones de pesos.

La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio asignó la investigación a la Fiscalía Sexta Especializada, que dispuso la apertura de la fase inicial, la práctica de pruebas y la prórroga de comisiones para la obtención de información adicional, con el apoyo de la policía judicial y la dirección de antinarcóticos. Antes de la intervención se habían registrado actuaciones judiciales entre 2010 y 2012, incluyendo la comisión de pruebas y la identificación completa de los implicados.