Fasecolda pidió eliminar artículo que crearía un nuevo seguro obligatorio para conductores en Colombia

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) pidió al Congreso de la República eliminar el artículo 37 del proyecto de Ley 277-25S–058 24C, que crea una póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual asociada a la licencia de conducción, adicional al Soat.

La iniciativa, que avanza en cuarto debate, ha generado controversia por el impacto económico que tendría sobre cerca de 13 millones de conductores en el país, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

El artículo en discusión establece que todo titular de licencia de conducción deberá contar con un seguro obligatorio que cubra daños materiales a terceros en accidentes de tránsito.

A diferencia del Soat, que ampara lesiones personales, gastos médicos y fallecimientos, esta nueva póliza estaría enfocada exclusivamente en perjuicios patrimoniales.

Además, el seguro no estaría ligado al vehículo, sino a la persona, lo que implica que cada conductor con licencia activa tendría que adquirirlo de manera independiente.

La medida ha sido cuestionada por su alcance y por la forma en que redefine la lógica del aseguramiento en materia de tránsito.

Según el texto del proyecto, la verificación de la póliza se haría de manera electrónica a través del sistema Runt, integrado al Registro Nacional de Seguros, y empezaría a exigirse seis meses después de la promulgación de la ley, en caso de ser aprobada y sancionada.

En un comunicado fechado en Bogotá, Fasecolda expresó su preocupación por lo que considera una carga económica desproporcionada para los hogares y solicitó la eliminación del artículo.

El gremio afirmó que la disposición “crea una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción, adicional al Soat”, y advirtió que “la medida multiplica el gasto de los hogares sin aumentar de manera equivalente la protección”.

Uno de los principales argumentos de la federación es que el riesgo asegurado no debería depender de la existencia de una licencia, sino del uso efectivo del vehículo.

En ese sentido, señaló que “la aplicación del seguro se hace sobre la licencia de conducción cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción”. Para el gremio, el modelo rompe la lógica tradicional del aseguramiento en tránsito, donde el riesgo está asociado al vehículo en circulación.

Fasecolda también cuestionó la coherencia técnica del esquema propuesto. En su pronunciamiento sostuvo que “ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real, pues puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial”.

Bajo esa interpretación, la obligación recaería sobre un criterio “personal y variable”, lo que dificultaría la administración del sistema.

El gremio agregó que el artículo fue incorporado sin una discusión técnica previa con el sector asegurador. Según su análisis, la propuesta “desconoce todos los elementos técnicos y jurídicos que requiere un análisis de nota técnica exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia para la comercialización de los seguros”.

Además, advirtió que el diseño podría afectar la viabilidad financiera del producto y trasladar mayores costos a los usuarios finales.

El debate alrededor del proyecto se ha intensificado por el alcance de la medida. Cerca de 13 millones de personas tienen licencias de conducción activas en el país, de acuerdo con el Runt.

El sistema permitiría verificar electrónicamente la existencia del seguro a través del Registro Nacional de Seguros integrado a esa plataforma.

De acuerdo con el texto legislativo, citado por medios como Infobae y El Carro Colombiano, la póliza cubriría exclusivamente daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito.

Esta protección es distinta al Soat, que cubre gastos médicos, lesiones y fallecimientos, pero no daños patrimoniales. El proyecto modifica el artículo 42A de la Ley 769 de 2002 y establece que el titular de la licencia debe contar con un “respaldo patrimonial mínimo frente a los daños materiales causados a terceros”.

La iniciativa también ha sido objeto de críticas políticas. El congresista electo Daniel Briceño calificó la propuesta como un “mico” legislativo y sostuvo que implicaría una nueva carga económica para los ciudadanos.

En declaraciones en redes sociales, afirmó que “además del Soat que pagan los carros y las motos, todos los colombianos deberían pagar otro seguro obligatorio, pero amarrado a la licencia de conducción”.

Briceño advirtió además que el límite de la prima anual, fijado en el proyecto en 0,5 % del valor asegurado, podría resultar insuficiente para la operación del seguro.

En escenarios alternativos, estimó que los costos podrían oscilar entre 367.000 pesos anuales para motociclistas y 786.000 para conductores de automóvil, lo que implicaría un impacto agregado de varios billones de pesos al año.

Fasecolda concluyó que, aunque respalda el fortalecimiento de la seguridad vial, cualquier reforma de este tipo debe construirse con discusión técnica desde el inicio.

Según el presidente del gremio, Gustavo Morales, un eventual seguro obligatorio de responsabilidad civil solo sería viable si no se fija la prima por ley y si se evalúa previamente su impacto real en los ciudadanos y en el sistema asegurador.