En una audiencia llevada a cabo el 10 de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se prorrogue por un año más la medida de aseguramiento que le fue impuesta el 3 de julio de 2025 al exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González Merchán, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La fiscal delegada explicó que, hasta el momento, el procesado no ha cumplido con la medida de aseguramiento establecida, debido a que está “prófugo de la justicia”, bajo el amparo de una solicitud de asilo político en Nicaragua. En ese sentido, no se ha ejecutado el sometimiento del exfuncionario a dicha decisión judicial, mediante la cual se ordenó su confinamiento mientras avanzan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.
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En ese sentido, la Fiscalía pidió al Tribunal Superior de Bogotá que se extienda la medida de aseguramiento intramural con la que fue cobijado hace casi un año. “Esta prórroga de medida de aseguramiento resulta procedente cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, como ocurre en este asunto con el lavado de activos”, explicó la fiscal del caso.
La delegada del ente acusador también sustentó la extensión de la medida en el hecho de que la investigación en contra del exdirector del Dapre versa sobre un caso de corrupción, por el cual le fueron endilgados los delitos de cohecho por dar u ofrecer y el peculado por apropiación.
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El magistrado Fabio David Bernal Suárez informó que la decisión sobre la solicitud de la Fiscalía será revelada en una audiencia programada para el 24 de junio de 2026, la cual iniciará a las 3:00 p. m.
Carlos Ramón González mostró “falta de voluntad” para comparecer presencialmente
Según advirtió la fiscal, por un tiempo se desconoció el paradero del procesado y, gracias a labores de indagación de la Policía Judicial, se supo que González Merchán se encontraba en Managua, Nicaragua. Desde allí, justamente, atendió una audiencia virtual.
“A través de inspección judicial ante el Centro de Documentación Judicial, se obtuvo la dirección IP desde donde se conectó a la diligencia y con esta información se procedió de parte del equipo de ingenieros a consultar su geolocalización en portales de acceso público”, detalló la funcionaria.
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De esta manera, el ente acusador tuvo claro que el exdirector del Dapre no tenía la intención de comparecer ante la justicia de manera presencial: “Revela su falta de voluntad”. Así las cosas, luego de que le fuera impuesta la medida de aseguramiento y de que se ordenara su captura, se tramitó una solicitud de publicación de notificación roja a Interpol para hacer efectiva su detención.
El 15 de agosto de 2025, la Fiscalía remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la solicitud de asistencia judicial a las autoridades de Nicaragua para materializar la captura y lograr su extradición. Sin embargo, esa petición no tuvo el efecto esperado, porque, mediante una comunicación se confirmó que al procesado se le había otorgado el asilo político.
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González Merchán hizo la solicitud el 10 de junio, casi un mes antes de que le fuera impuesta la medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua la solicitud de asilo, al considerar estar amenazada su vida, su integridad física, su seguridad y libertad, alegando que: ‘por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria, su papel en la conformación del actual gobierno, su cercanía con el actual presidente de la República de Colombia, quien fue además su compañero de guerrilla M19 y por su papel en el gobierno, ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática impulsada por la extrema derecha colombiana’”, indicó la fiscal.
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Esas maniobras han impedido a las autoridades colombianas capturar y privar de la libertad al exfuncionario.
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