Extorsiones frenan construcción de colegio para 500 estudiantes en zona rural de Buenaventura

La construcción de una nueva sede para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, permanece suspendida debido a presuntas amenazas y exigencias económicas ilegales que estarían afectando el desarrollo del proyecto.

La situación fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre las consecuencias que este hecho genera para cientos de estudiantes de la región.

Según información obtenida por El Espectador, la obra es financiada con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y tiene como objetivo ampliar la capacidad de atención de una institución que presta servicios educativos a cerca de 500 alumnos. Sin embargo, los problemas de seguridad registrados en la zona han impedido que los trabajos avancen conforme al cronograma previsto.

La paralización del proyecto no solo afecta la ejecución de una importante inversión pública, sino que también retrasa el mejoramiento de las condiciones académicas de niños y jóvenes que enfrentan limitaciones de infraestructura para desarrollar sus actividades escolares.

Defensoría alerta por amenazas contra la comunidad educativa

La denuncia fue realizada por el defensor regional del Pacífico, David Torres, quien aseguró que las presiones extorsivas han impedido la continuidad de la construcción de la nueva sede educativa.

De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, la situación ha llegado incluso a afectar a la rectora de la institución, quien habría sido objeto de intimidaciones y exigencias económicas pese a no tener ninguna relación contractual con la ejecución de la obra.

La Defensoría explicó que ha venido acompañando a la comunidad educativa y que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes con el propósito de activar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que se han realizado coordinaciones con la Secretaría de Educación para buscar alternativas que permitan proteger a los directivos docentes y garantizar que el proyecto pueda retomarse en condiciones de seguridad.

Las amenazas han generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes consideran que la construcción de la nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer el acceso a la educación en una de las zonas rurales más apartadas de Buenaventura.

Persisten los problemas de seguridad en la región

La situación ocurre en un contexto marcado por las dificultades de orden público que históricamente han afectado a varias comunidades rurales del Pacífico colombiano.

Según la Defensoría del Pueblo, en distintos sectores de Buenaventura mantienen presencia estructuras armadas ilegales como el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, grupos que disputan corredores estratégicos y ejercen influencia sobre algunas comunidades.

Las autoridades investigan si alguna de estas organizaciones tendría relación con las amenazas denunciadas alrededor de la construcción de la sede educativa.

Durante los últimos años, organizaciones sociales y representantes del sector educativo han advertido sobre las afectaciones que la violencia genera en el acceso a la educación. Entre ellas se encuentran desplazamientos de docentes, suspensión de clases y restricciones para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Diversos gremios educativos también han señalado que algunos profesores han debido abandonar temporalmente determinadas zonas por razones de seguridad, situación que impacta directamente la continuidad de los procesos académicos.

Frente a este panorama, la Defensoría insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a la comunidad educativa y garantizar que los recursos destinados a mejorar las condiciones de aprendizaje puedan ejecutarse sin interferencias de grupos ilegales.

La entidad también pidió acelerar las investigaciones para identificar a los responsables de las presuntas extorsiones y evitar que una obra considerada prioritaria para cientos de estudiantes continúe detenida por acciones criminales que afectan el desarrollo social y educativo de la región.