La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció la presunta influencia de las disidencias de las Farc en las próximas elecciones del 21 de junio mediante mecanismos de coerción social sobre la población.
La mandataria señaló la implementación de medidas de seguridad y programas sociales como respuesta institucional a esta situación.
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“Aquí hay que dejar claro que existe una mutación de la política electoral y esa mutación hoy en día ya no se da con enfrentamientos que se presenten entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, sino que hoy lo que vivimos es una coerción social”, explicó la gobernadora en diálogo con Semana.
Matiz advirtió que integrantes de las disidencias estarían registrando y entregando carnés a ciudadanos, convocándolos a reuniones y asumiendo funciones propias del Estado para presionarlos en municipios del Tolima.
Ante estos hechos, la gobernadora dispuso la presencia de la fuerza pública y diversas acciones sociales e institucionales, con el fin de garantizar el ejercicio libre del voto en todo el departamento, de acuerdo con información recogida por el medio citado.
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“Vemos cómo carnetizan a la gente, la citan a reuniones, asumen en algunas ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado. Eso lo estamos combatiendo con presencia de nuestra fuerza pública y con inversión social”, explicó la gobernadora Magali en diálogo con el medio citado.
La funcionaria afirmó que ha ocurrido una transformación en la forma de intervención electoral en la región.
Precisó que las amenazas actuales sustituyen los enfrentamientos armados y buscan incidir en la decisión de la población a través de presiones indirectas.
Medidas frente a la coerción social en la jornada electoral
El gobierno departamental activó medidas focalizadas. Ha priorizado la presencia de la fuerza pública y aumentado la inversión en programas sociales en los municipios identificados como más vulnerables.
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Una de las iniciativas consiste en la entrega de 4.200 paquetes de ayuda alimentaria a menores en Ataco, justo antes de sus vacaciones escolares.
“Garantizar su educación escolar, invertir en la infraestructura educativa como se está haciendo con una inversión de más de $2.000 millones por parte del gobierno departamental, invertir en las vías terciarias con el trabajo mancomunado de las juntas de acción comunal y los proyectos como las placa huellas que se van a hacer", explicó la gobernadora Magali.
La colaboración con las Juntas de Acción Comunal permite el desarrollo de placas huella y la rehabilitación de vías terciarias, según puntualizó la mandataria.
Estas acciones buscan crear condiciones que fortalezcan la educación, aseguren la alimentación y brinden alternativas estatales ante la presión de actores ilegales. Con ello, el gobierno espera reducir la capacidad de maniobra de los grupos ilegales y reforzar la presencia institucional en las comunidades con más riesgo.
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Estrategias de vigilancia y situación en otras regiones
La gobernadora anunció la identificación de varias alertas tempranas sobre posibles riesgos electorales, que serán presentadas durante la comisión de seguimiento programada para el miércoles previo a los comicios.
“Vamos a dejar esas alertas tempranas ahí y ya tenemos desde el gobierno departamental unas estrategias marcadas que le queremos dar a conocer desde nuestra fuerza pública para poder incrementar esas estrategias y garantizar que tengamos una jornada electoral en paz, con tranquilidad, pero, además de eso, lo más importante, que se garantice el derecho que tienen los tolimenses de salir a votar libremente sin coerción alguna”, terminó la gobernadora Magali en diálogo con Semana.
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Algunos municipios contarán con vigilancia especial y presencia de equipos de observación internacional, como parte de una estrategia para garantizar transparencia y seguridad en la jornada.
El fenómeno de coerción social durante elecciones también afecta a otras zonas del sur del país, como Caquetá, Guaviare y Putumayo, según puntualizó la gobernadora del Tolima.
En estas regiones, las disidencias estarían convocando a presidentes de Juntas de Acción Comunal para influir en los comicios, según relatos de líderes sociales, autoridades y miembros de la Fuerza Pública citados por el medio.
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