El asesinato del periodista Cristian Herrera Mariño el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, generó una ola de reacciones de organizaciones nacionales e internacionales, así como cuestionamientos sobre la protección estatal a los trabajadores de prensa.
Herrera, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su papel como corresponsal y directivo de la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) en la región, se destacó por documentar la situación del Catatumbo, además de exponer casos de corrupción y redes criminales.
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El hecho ocurrió cuando Cristian Herrera fue interceptado por un motociclista cuando iba hacia la casa de unos parientes. El agresor le disparó en repetidas veces. Pese a recibir atención hospitalaria, perdió la vida. Reportes preliminares indicaron que había sido amenazado previamente por grupos armados por su trabajo periodístico.
La noticia del crimen fue reportada inicialmente por Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), organización que denunció en la red social X que “asesinan este 6 de junio de 2026 al periodista judicial Cristian Herrera en Cúcuta en Norte de Santander”.
La corporación también hizo eco de la denuncia de Indepaz, señalando que Herrera, además de su labor informativa, ejercía liderazgo social. Según la publicación, su trabajo permitió visibilizar realidades invisibilizadas en el departamento, en especial las relacionadas con el conflicto armado y la acción de estructuras ilegales.
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En su mensaje, Corpades cuestionó duramente el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afirmando que “la flamante UNPColombia sigue insistiendo en que no pasa nada en Colombia”. Además, criticó a algunas organizaciones no gubernamentales por guardar silencio frente a estos hechos, sugiriendo que “el lavado de manos que no falte, ellos, la UNP nunca tienen responsabilidad” y recordando que la Procuraduría General de la Nación (PGN) adelantó investigaciones sobre presuntas omisiones.
Por su parte, la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia expresó su condena por el crimen a través de un comunicado. “Condenamos el homicidio del periodista Cristian Herrera Nariño ocurrido este sábado 6 de junio en Cúcuta”.
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El organismo recordó que Herrera había reportado amenazas previas y solicitó a las autoridades competentes “investigar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que enluta a Norte de Santander y al país”.
La ONU manifestó solidaridad con la familia, amigos y el gremio periodístico, además de solicitar garantías y protección para el ejercicio libre y seguro de la libertad de prensa.
El Gobierno nacional, mediante la Consejería Comisionada de Paz, también rechazó el asesinato y transmitió su apoyo a los allegados de Herrera y a la comunidad periodística.
En un mensaje atribuido a la Delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la entidad manifestó su repudio y solidaridad tras el hecho violento.
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“Exaltamos su vida, su compromiso permanente con la paz y su búsqueda con la verdad a través del ejercicio valeroso como periodista”, señaló la entidad.
El caso de la seguridad de Herrera fue objeto de debate en redes sociales, especialmente tras los señalamientos de la Red de Veedurías de Colombia Pablo Bustos en X.
La entidad planteó interrogantes sobre la actuación de la UNP respecto a la protección del periodista, cuestionando si contaba con escoltas en el momento del atentado y la razón de su ausencia.
“Seguridad del periodista asesinado Cristian Herrera Nariño en Cúcuta incluía escoltas, indicando por qué no estaban con él en el momento del atentado y si los tenía, los escoltas también deben responder por las graves omisiones de seguridad con el protegido”, publicó. También sugirió que, en caso de que estuviera acompañado, tanto los responsables de la protección como el propio periodista debían responder por la decisión de no contar con compañía durante su desplazamiento.
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El homicidio de Herrera se sumó a una preocupante tendencia de ataques contra periodistas y líderes sociales en Colombia, en un contexto donde la impunidad y la falta de garantías siguen amenazando la labor informativa.
Según la entidad Indepaz, con el asesinato de Herrera Mariño, ya son 66 los líderes sociales asesinados a nivel nacional en 2026.
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