Dura pena para reclutadores de menores en Colombia: esto dice la ‘Ley por la niñez y adolescencia libre’ que aprobó el Congreso

El Congreso de la República de Colombia aprobó la ley “Por la Niñez y Adolescencia Libre”, una norma que eleva de 13 a 23 años de prisión hasta 40 a 50 años las condenas por reclutamiento ilícito o uso de menores en actividades criminales, en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo registró 257 casos durante 2025 y Naciones Unidas mantiene al país como el único del continente americano donde persiste esta práctica vinculada al conflicto armado.

“Es la ley que incrementa las penas para quien recluta los menores. Hoy en Colombia estaban pagando solamente trece años. Con este proyecto de ley, que ya es ley de la República, van a pagar cincuenta años”, expresó el representante Julián López, autor de la norma, en un video publicado en sus redes sociales.

Las cifras que empujaron la iniciativa muestran la extensión del delito. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 47% de las víctimas registradas en 2025 correspondió a menores indígenas, el 62% fueron niños y el 38% niñas.

Según la Defensoría del Pueblo, Cauca concentró 93 casos, seguido por Antioquia con 23, Chocó con 22 y Valle del Cauca con 10.

El organismo también señaló que las disidencias de alias Iván Mordisco fueron responsables del 47,1% de los casos, el ELN del 11,7% y el Ejército Gaitanista del 8,2%.

La ley también aumentará las penas para aquellas personas que usen a los menores para cometer otros tipos de delitos. “Y ojo, el que instrumentalice un menor para cualquier delito, hoy solamente está pagando diez años y va a pasar a pagar cuarenta y cinco años”, agregó el congresista.

La iniciativa recibió el respaldo de 122 congresistas en su último debate y fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes Julián López. La ley deberá pasar ahora por la sanción presidencial para entrar en vigencia formal.

La ley no se limita al aumento de penas. El texto aprobado ordena crear un observatorio y un sistema nacional de estadística sobre reclutamiento de menores para monitorear, analizar y hacer seguimiento cuantitativo y cualitativo a este delito.

La norma también contempla una política pública de prevención liderada por Rtvc y la Defensoría del Pueblo. A eso se suman medidas dirigidas al uso de plataformas digitales y entornos virtuales que, según el proyecto, han sido utilizados para captar menores.

“Vamos a hacer toda una política pública liderada por Rtvc, por la Defensoría del Pueblo, para proteger a nuestros menores y también le vamos a poner en cintura a las plataformas, porque por allí estaban estos bandidos llegando a nuestros menores. Tiene un año el Gobierno Nacional para trabajar en esta política pública”, añadió el presidente de la Cámara.

López defendió ese punto tras el debate: “Esta es la ley que incrementa las penas para la gente que recluta a los menores. Hoy en Colombia están pagando solamente 13 años. Con este proyecto de ley van a pagar 50 años”, afirmó el presidente de la Cámara.

Sobre el papel de las plataformas, López añadió: “Vamos a ponerle en cintura a las plataformas, porque por allí estaban llegando a nuestros menores”, dijo el congresista.

La representante a la Cámara Ana Paola García, coordinadora ponente del proyecto, sostuvo ante la plenaria: “Hoy esta plenaria dio muestra de que la infancia es una prioridad para nosotros”. Luego agregó: “Este proyecto aumenta las penas para quienes utilicen a los menores en fines ilícitos. Nuestra infancia no puede seguir siendo víctima de violencia, debe jugar en los parques e ir a las escuelas”.

La aprobación de la ley coincidió con una posición distinta expresada por la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz. En mayo, la funcionaria sostuvo que el aumento de penas no reduce la delincuencia y respaldó la justicia restaurativa como herramienta de prevención.

Marín Ortiz afirmó: “Definitivamente no se necesita el aumento de penas. La evidencia demuestra que el aumento de penas no conduce a la reducción. Es la justicia restaurativa la que da los mejores resultados en el mundo respecto de la prevención”.

La magnitud histórica del fenómeno aparece en los registros institucionales. Según la Fiscalía General de la Nación, casi 3.000 menores fueron reclutados entre 2010 y 2025, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz documentó cerca de 20.000 casos entre 1996 y 2025.

En el plano internacional, Naciones Unidas ha identificado a Colombia como uno de los 18 países del mundo donde se recluta a menores para el conflicto armado y como el único del continente americano incluido actualmente en esa lista.