A un año del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda aseguró que podría ser un crimen de Estado: “El Gobierno intervino”

La Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay pudo haber sido un crimen de Estado, según reveló su viuda, María Claudia Tarazona, al cumplirse un año del atentado.

La esposa del dirigente político asesinado afirmó que la línea que hoy concentra el trabajo probatorio ubica a la Segunda Marquetalia como ejecutora de la orden, pero no descarta que esa estructura haya actuado por instrucción de un nivel superior.

Tarazona dijo en entrevista con Blu Radio que habló durante dos horas con el equipo especializado que investiga el caso y que allí se revisó un mapa criminal más amplio que el que había trascendido hasta ahora. Según su relato, la causa ya no se concentra solo en una cadena de mando asociada a alias El Viejo, alias el Costeño y la estructura en Bogotá, sino en una red con presencia en distintos puntos del país.

La viuda de Uribe Turbay sostuvo que la Fiscalía le comunicó que esa hipótesis no ha sido descartada. “Quiere decir que el gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación. Presuntamente, es una hipótesis”, dijo Tarazona.

Además, consultó a la Fiscalía si esa línea de investigación seguía vigente y la respuesta fue que no estaba descartada. También aseguró que los investigadores cerraron otras hipótesis, entre ellas móviles personales, deudas y la versión vinculada a esmeraldas.

La hipótesis central ubica a la Segunda Marquetalia, pero deja abierta una instancia superior

La afirmación más delicada de la entrevista surgió cuando Tarazona describió cómo le fue presentada esa línea de investigación. “La hipótesis más fuerte de la Fiscalía en este momento, que es lo que se está consolidando probatoriamente, es que la Segunda Marquetalia dio la orden. Iván Márquez, el Zarco Aldinever, alias Kendry”.

A partir de ese punto, la conversación avanzó sobre una posibilidad adicional: que esa disidencia no hubiera sido la determinadora final. Ante esa alternativa, Tarazona respondió de forma tajante al medio de comunicación “Un crimen de Estado”.

La viuda de Uribe Turbay precisó que la Fiscalía no le señaló nombres concretos dentro del Gobierno. “Dijeron el Gobierno. No me dijeron quién. Es una hipótesis, es materia de investigación”.

Tarazona también indicó que una de las hipótesis mencionadas públicamente en los meses posteriores al crimen ya fue excluida del expediente. Según explicó, la referencia a un supuesto vínculo con esmeraldas “está descartada, completamente descartada”.

La viuda relató que esa línea le fue mencionada recién en la reunión con fiscales y que no formaba parte de ninguna experiencia o antecedente familiar que ella conociera. “Yo en mi casa nunca oí nada, ningún tema relacionado con esmeraldas o esmeralderos”.

En cambio, afirmó que sigue vigente otra tesis: la posible relación entre el crimen y la hostilidad de “Iván Márquez” hacia la familia Turbay Cote. Consultada sobre ese punto, respondió: “Sigue vigente. Es otra hipótesis que está vigente”.

Otro tramo de la entrevista ubicó a Venezuela en el centro de la pesquisa. Tarazona sostuvo que la Fiscalía considera que tanto “Iván Márquez” como el “Zarco Aldinever” continúan con vida y estarían en ese país.

“La fiscalía lo que me dijo ayer con respecto al Zarco Aldinever es que ellos no tienen pruebas que esté muerto y que lo más probable es que esté vivo y que la teoría de ellos es que está vivo, está en Venezuela, igual que Iván Márquez”, afirmó en la entrevista. Añadió que, según lo que le transmitieron, Márquez sufrió un atentado y lesiones, pero los investigadores tienden a pensar que también sigue vivo.

La viuda de Uribe Turbay vinculó esa línea con un preacuerdo ya existente en la causa. Mencionó que alias El Viejo “delata al Zarco Aldinever” y que lo señala como la persona que le dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay.

Sobre la financiación, Tarazona aseguró que “ya hoy se sabe” que el dinero salió de Venezuela. Según su versión, se habló de $3.000 millones por un lado y de otros $3.000 millones por otro, para una suma que definió como gigantesca.

Tarazona rechazó la idea de un operativo limitado a unos pocos ejecutores. Al explicar por qué considera que la escala del crimen obliga a mirar una estructura mayor, dijo a Blu Radio que lo que conoció en la reunión con fiscales fue “una cosa muy grande, muy compleja”.

Luego detalló esa dimensión. “Habían organizaciones criminales que tenía que ver con la Segunda Marquetalia, con el ELN, con criminales en distintas cárceles de Colombia que estaban articulando quién y cómo y dónde iban a matar a Miguel”.

La consecuencia de ese planteo es doble: amplía la nómina de posibles responsables y empuja la pregunta sobre cómo un entramado de ese tamaño pudo avanzar sin detección previa. En la misma entrevista la mujer dejó esa duda formulada de manera expresa al preguntarse “cómo algo tan grande estaba sucediendo en el país y nadie supo, nadie se dio cuenta”.

El caso permanece sujeto a múltiples líneas de investigación que involucran tanto a estructuras criminales como a posibles instancias superiores. Las dudas sobre la magnitud y articulación del crimen, así como la existencia de posibles responsables aún no identificados, subrayan la complejidad del proceso judicial y mantienen abierta la expectativa respecto a los avances y resultados de la investigación.