La reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en Colombia costaría $20 billones y exigiría ajustar el Presupuesto General de 2027, según economista

La reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto abre desde ahora una discusión sobre los recursos que deberá movilizar el Estado. Mientras se evalúan los daños en viviendas, hospitales, centros de salud, colegios y edificios, una primera estimación ubica en $20 billones el esfuerzo fiscal necesario para comenzar a recuperar al país.

La cifra fue planteada por Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual a Portafolio, quien considera que el Gobierno debería disponer inicialmente de recursos equivalentes a 1% del PIB. Para el experto, ese monto permitiría poner en marcha las primeras obras en medio de una emergencia que podría exigir fuentes adicionales de financiación.

“Sin lugar a duda estamos hablando de algo que yo diría que un primer esfuerzo debería ser de 1% del PIB por ahí de unos $20 billones, es lo primero que se debería enviar. Todo lo que el ministro dijo que iba a recortar. Ahora entonces toca gastarlo. Los planes no son que no se vayan a hacer, ‘sino que es el típico se le tiene, pero se le demora’”, aseguró el economista.

Y añadió: “Por qué obviamente hay una prioridad y yo creo que todos deberíamos efectivamente si se llega a declarar una emergencia económica en la que se espera buscar recursos adicionales. Creería yo que debería estar por el 1% del PIB para empezar. Estamos en una emergencia y aquí todos ponen”.

Jalil también planteó que el impacto de la reconstrucción no se limitaría a recuperar infraestructura perdida. La ejecución de esos recursos podría convertirse en un impulso para la actividad económica, especialmente mediante la construcción de hospitales, edificios y otras obras necesarias para atender las consecuencias de la emergencia.

“Están las consecuencias macroeconómicas. Esto es horrible, acabó de pasar ayer. Reconstruir es un impulso al PIB, entonces cualquier plata que se consigue y que empiece a bombearse para construir hospitales, edificios, eso lo vamos a ver en términos de unas perspectivas que van a pasar de la consecución de los recursos a la ejecución, eso ayudará a mejorar la perspectiva de crecimiento económico para el año entrante”, puntualizó.

El nuevo Gobierno tendrá además que incorporar esta necesidad dentro de sus cuentas. Después de que el proyecto de Presupuesto presentado por la administración anterior de Gustavo Petro fuera devuelto, la administración de Abelardo de la Espriella deberá presentar un nuevo documento que incluya recursos destinados a la reconstrucción.

“Le va a tocar poner partidas de reconstrucción que no estaban. Yo espero que el presupuesto 2027 se pueda manejar. Claramente se necesita más plata, como estas reajustando, pero se podría seguir jugando con esa cifra de $575 billones”, puntualizó Munir. La discusión fiscal ocurre mientras empiezan a llegar apoyos de organismos internacionales. Tras el terremoto de magnitud 7,4, varias entidades multilaterales se comunicaron con el Gobierno colombiano para expresar su solidaridad y ofrecer mecanismos de respaldo.

Entre esas primeras ayudas está la anunciada por la CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que destinó una donación de US$500.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas del desastre. El Banco Mundial, por su parte, recordó que Colombia cuenta desde febrero de 2025 con una línea de crédito de US$200 millones destinada a atender emergencias. La operación corresponde al Cuarto Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes.

El registro oficial identifica este instrumento con el código P181256 y señala que está relacionado con la gestión financiera del riesgo de desastres. De acuerdo con el contrato, el Banco Mundial prestará a Colombia US$200 millones, recursos que pueden convertirse de una moneda a otra mediante los mecanismos contemplados en el acuerdo.

El crédito incluye además una comisión de apertura de 0,50% sobre el monto total. Esta condición está vinculada con la formalización del préstamo y hace parte de los términos establecidos para la operación. El acuerdo contempla además condiciones ante una eventual prórroga de la fecha de cierre. Por ahora, los $20 billones representan una primera referencia para dimensionar el desafío, mientras el Gobierno define prioridades y fuentes de financiación para la recuperación nacional.