Una intervención de las autoridades colombianas permitió exponer una de las redes de pesca clandestina que operan en el Pacífico, con la judicialización de seis hombres señalados por su presunta implicación en la extracción ilegal de tiburón en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo.
El operativo se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2023, cuando un grupo de la Armada Nacional interceptó una embarcación en aguas jurisdiccionales de Buenaventura, pero la judicialización se llevó a cabo hasta junio de 2026.
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La inspección permitió descubrir cerca de 100 troncos y alrededor de 300 aletas de tiburón, ocultos entre sacos. Los ejemplares correspondían a especies como el tiburón sedoso, el tiburón zorro y el tiburón martillo, esta última reconocida por estar en peligro crítico de extinción.
Las autoridades identificaron a los capturados como: Herminio Ramos Erazo, Bolívar Cambindo, Francisco Paredes Obando, Humberto Calonge Torres, Breiner Cuero Anchico y Sebastián Ramírez Arboleda como los integrantes de la tripulación detenida.
Según la investigación, estos hombres habrían extraído los animales de manera clandestina, infringiendo la normativa ambiental y aprovechando la lejanía del santuario, declarado patrimonio mundial por la Unesco.
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El Santuario de Fauna y Flora Malpelo es un área protegida donde la extracción de recursos, ya sea con fines comerciales, artesanales o deportivos, está terminantemente prohibida. La importancia de este santuario radica en su biodiversidad y en el papel que cumple como refugio para especies marinas en riesgo. Los hechos revelados han puesto en evidencia la fragilidad de estos espacios ante el accionar de redes delictivas.
El hallazgo de los restos de tiburón y la posterior investigación motivaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación, que en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, logró reunir pruebas sobre la presunta responsabilidad de los detenidos. Las autoridades sostienen que los animales habrían sido capturados en faenas de pesca clandestinas, realizadas en una zona donde la actividad extractiva está vetada por ley.
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Impacto y consecuencias de la pesca ilegal
La pesca de tiburones en zonas protegidas, como la que involucra a los seis judicializados, no solo viola la normatividad ambiental, sino que agrava el riesgo de extinción de especies ya amenazadas. La captura y mutilación de estos animales para extraer sus aletas responde a una demanda internacional creciente, especialmente en mercados asiáticos donde este producto puede alcanzar valores superiores a los USD 200 mil.
Según la información recabada por la Fiscalía, el grupo de capturados formaría parte de una estructura criminal dedicada a la caza y tráfico ilegal de tiburones. Esta organización habría desarrollado una compleja logística que incluía la pesca furtiva, el almacenamiento y el transporte de aletas a través de rutas marítimas que conectan Colombia con países de Centroamérica, antes de llegar a Asia.
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Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que les imputó cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables agravado por cercenamiento de aletas, e invasión de área de especial importancia ecológica. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
El delito y su dimensión ambiental
La investigación permitió determinar que los ejemplares de tiburón fueron obtenidos en condiciones irregulares, incumpliendo las restricciones ambientales impuestas para la protección del área. Los delitos imputados a los capturados están tipificados en la legislación colombiana como graves, dada la amenaza directa que suponen para la conservación de la biodiversidad marina.
La operación, denominada “Galápagos”, no solo se centró en la incautación de los ejemplares, sino que también permitió desarticular parte de la cadena criminal responsable del tráfico de aletas. Las autoridades han advertido que el tráfico de productos derivados de tiburón representa una de las mayores amenazas para la fauna marina del Pacífico colombiano.
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