La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Movistar con $1.358.672.968 por no usar herramientas tecnológicas idóneas para verificar la identidad de quienes pedían la reposición de una SIM Card, una falla que, según la propia entidad, facilitó fraudes de “SIM Swapping” con pérdida del control del número celular y posteriores transacciones en cuentas bancarias de los usuarios.
La decisión, informada por la SIC este 29 de mayo de 2026 en Bogotá, fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, de acuerdo con la entidad.
El expediente se originó en denuncias de usuarios que dejaron de recibir señal en sus equipos móviles y luego supieron, al contactar a su operador, que se había tramitado una reposición de la SIM. Según la SIC, después de esa reposición fraudulenta, los afectados perdieron el dominio de sus líneas. La entidad señaló que esa pérdida de control derivó en accesos a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas al número celular.
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La omisión de mecanismos por parte del operador
La sanción recayó sobre Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, operador de la marca Movistar, por vulnerar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, según la SIC.
La investigación se centró en establecer si la empresa había adoptado mecanismos de seguridad adecuados para validar la titularidad de las personas que solicitaban la reposición de la SIM Card.
La conclusión de la autoridad fue que el operador omitió usar mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas en esos procesos de verificación de identidad. Según la SIC, esas medidas eran necesarias para prevenir actuaciones fraudulentas o accesos no autorizados sobre las líneas móviles de los usuarios.
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La entidad precisó que el fraude conocido como SIM Swapping no es ejecutado por el operador. Aun así, sostuvo que sí existen protocolos de seguridad que deben ser implementados por las compañías de telecomunicaciones para evitar que ese tipo de hechos ocurra.
Ese es el núcleo de la decisión: la SIC no afirmó que Movistar hubiera realizado el fraude, sino que incumplió su deber de prevención al no contar con verificaciones tecnológicas suficientes en un trámite sensible como la reposición de la tarjeta SIM.
La consecuencia, según el expediente citado por la entidad, fue la exposición de los usuarios a la pérdida del control de su línea y de accesos asociados a servicios digitales.
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La autoridad también cuestionó la respuesta del operador a las PQR
La SIC indicó además que el operador no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con esas reposiciones.
Esa valoración se produjo pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales.
Junto con la multa, la SIC impartió una orden administrativa de carácter particular a la empresa.
Esa instrucción está orientada a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM Card para prevenir afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a las líneas móviles y a los servicios asociados.
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Esta decisión se conoce aproximadamente un mes después de otra actuación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio contra empresas del sector de telecomunicaciones, en medio de un aumento de las revisiones regulatorias sobre prácticas que podrían afectar los derechos de los usuarios.
En abril de 2026, la entidad abrió una investigación formal contra Claro por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de productos tecnológicos y sistemas de financiación ofrecidos a través de sus canales digitales.
Según la SIC, en ese caso se detectaron posibles fallas asociadas con información engañosa, falta de claridad en los precios finales, presuntos obstáculos para ejercer el derecho de retracto y eventuales cobros de intereses superiores a los límites permitidos.
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Aunque esa actuación aún no constituye una sanción definitiva, la Superintendencia señaló que hace parte de su estrategia de vigilancia permanente sobre el sector, especialmente frente a procedimientos comerciales y operativos que puedan impactar la libre elección y protección de los consumidores.
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