Nueva medida del Gobierno Petro hará que los dueños de fincas paguen más por contratar trabajadores: así les subiría el salario

Con el impulso del Gobierno de Gustavo Petro, el contrato agropecuario y el jornal agropecuario quedan en el centro del debate legislativo en Colombia. La nueva propuesta de ley, presentada el 25 de mayo de 2026 por los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López en el Congreso de la República, busca dignificar el trabajo rural y abordar una deuda histórica con el campesinado, proponiendo mejores derechos laborales y acceso a protección social tras décadas de exclusión.

El proyecto busca crear el contrato y el jornal agropecuario como figuras legales destinadas a transformar el empleo rural en Colombia. Propone formalizar labores estacionales y transitorias en el campo mediante garantías como el descanso semanal remunerado, recargos nocturnos, pausas alimentarias, condiciones de protección climática y el reconocimiento del tiempo de disponibilidad trabajado.

Además, establece que el jornal debe pagarse de forma diaria, con un componente prestacional mínimo del 30% sobre el salario mínimo vital vigente, lo que permite una cotización flexible a la seguridad social y asegura la continuidad de subsidios como el Sisbén y otros programas sociales clave.

Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la iniciativa como “una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano”. El funcionario dijo que el campesinado “sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión” durante décadas. Según el ministro, la reforma “reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra”.

Brechas laborales y estadísticas en el campo colombiano

Y es que el sector agropecuario en Colombia ocupa en la actualidad a 3,4 millones de personas, lo que representa el 14,4% de la población económicamente activa. Sin embargo, la informalidad laboral alcanza un 83,1%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierten sobre una baja afiliación a pensiones y sistemas de protección social, fenómeno especialmente marcado en mujeres y jóvenes rurales.

Desde el Gobierno Petro se indica que estas cifras responden en parte a la estacionalidad y temporalidad del empleo agropecuario. Muchos trabajadores no acceden a garantías laborales ni a protección social estable. Así, la brecha entre el campo y la ciudad se manifiesta tanto en cifras de empleo informal como en el acceso a derechos y servicios estatales.

Garantías laborales del contrato agropecuario

El contrato agropecuario está dirigido a las personas que participan en actividades de producción y transformación agraria primaria, en especial, cuando implican tareas estacionales o transitorias. La figura busca adaptar las reglas laborales a las condiciones y ciclos propios del trabajo rural en Colombia.

Dentro de las garantías destacan:

• Descanso semanal remunerado.
• Pagos de recargos nocturnos y suplementarios.
• Pausas alimentarias reguladas.
• Medidas de protección ante condiciones climáticas adversas.
• Reconocimiento del tiempo de disponibilidad como parte de la jornada laboral remunerada.

Dichas disposiciones se ajustan a las particularidades del sector, donde los ritmos de trabajo cambian según la temporada. El Ministerio del Trabajo sostiene que el mecanismo pretende combatir la precarización, ofreciendo protección social y derechos laborales equivalentes a otros sectores productivos, pero adaptados a la ruralidad.

Condiciones y requisitos del jornal agropecuario

El jornal agropecuario busca regular el pago diario o temporal, tradicional en la economía rural. El proyecto dispone que estos pagos deben incluir un componente prestacional y legal, elevando así el ingreso total de los trabajadores.

Cada jornal debe ser al menos igual al salario mínimo vital vigente, sumando un factor prestacional que no puede ser menor al 30%. Así, el trabajador recibe tanto la remuneración por la jornada como la fracción de prestaciones sociales a las que tiene derecho.

De igual manera, el texto habilita que la seguridad social pueda cotizarse por días o semanas, adaptándose al carácter eventual de muchas labores rurales. Así, los que solo consiguen trabajo por temporadas tendrán más opciones para afiliarse a salud y pensión sin condicionarse a contratos mensuales.

Formalización, Sisbén y acceso a protección social

Además, el proyecto estipula que formalizar la situación laboral no perjudicará la clasificación ni la elegibilidad en programas sociales como el Sisbén. Esto significa que los trabajadores rurales que regularicen su empleo podrán seguir recibiendo subsidios, transferencias estatales y otros apoyos, sin sacrificar el acceso a los nuevos derechos laborales.

De igual manera, las cajas de compensación familiar deberán ampliar los servicios de bienestar, educación, recreación y subsidios para trabajadores del campo. De este modo, el proyecto fortalece la protección social e intenta superar el dilema tradicional entre formalización laboral y pérdida de beneficios en los hogares campesinos.

La medida busca resolver la tensión recurrente en el sector rural, donde la obtención de un vínculo formal, incluso temporal, suele poner en riesgo la continuidad de los apoyos estatales para las familias.