Estos son los descansos remunerados para jurados y votantes por participar en las elecciones presidenciales: cómo y hasta cuándo pedirlos

Las elecciones de Colombia del 31 de mayo de 2026 no solo definirán al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030: también activarán descansos compensatorios remunerados para trabajadores del sector público y privado que actúen como jurados de votación o acudan a votar, con plazos distintos y soporte obligatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El beneficio más amplio corresponde a los jurados: un día completo de descanso remunerado que debe concederse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral, según la autoridad electoral.

Para quienes sufraguen, la ley prevé media jornada de descanso compensatorio remunerado dentro del mes siguiente a la votación. Ese plazo, de acuerdo con el análisis citado en el texto fuente, obliga a trabajador y empleador a coordinar la fecha de disfrute para no afectar la operación laboral.

María Paula Bernal Serrano, abogada de Scola Abogados explicó a Semana que los jurados de votación tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio remunerado. La base legal está en el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, correspondiente al Código Electoral.

La regla aplica tanto para empleados del sector público como del privado. El derecho no depende del tipo de empleador sino de la participación efectiva del trabajador como jurado durante la jornada electoral.

La página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil recoge esa disposición en estos términos: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo con el respectivo empleador dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha del certamen electoral”.

El documento citado añade que ese día compensa el tiempo y la responsabilidad asumidos por el trabajador al cumplir una función electoral. Para las empresas, esa obligación también supone prever turnos, permisos o reemplazos, sobre todo cuando varios empleados son designados para la misma jornada.

El segundo beneficio cubre a los trabajadores que voten. Según el análisis citado, el artículo 3 de la Ley 403 de 1997 reconoce a los sufragantes una media jornada de descanso compensatorio remunerado como estímulo por participar en las elecciones.

La diferencia central frente al caso de los jurados está en la extensión y en el plazo: el sufragante recibe media jornada y debe usarla dentro del mes siguiente a la elección. Esa fecha no puede imponerse de manera unilateral y debe acordarse entre el trabajador y el empleador.

Para acceder a cualquiera de los dos descansos, el trabajador debe presentar una prueba idónea. Ese soporte es la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que acredita si la persona actuó como jurado o ejerció el sufragio.

Ese requisito traslada la discusión al terreno laboral: no basta con afirmar que se votó o que se integró una mesa. El empleador puede reconocer el descanso compensatorio solo con el documento correspondiente y dentro del plazo previsto para cada caso.

El análisis de Scola Abogados advierte que la negativa del empleador a reconocer estos beneficios puede dar lugar a sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Se presenta esa advertencia como una obligación laboral concreta para las compañías, no como una concesión voluntaria.

Estos beneficios buscan incentivar la participación democrática y garantizar el cumplimiento de deberes electorales. Expertos en relaciones laborales también advierten que las empresas deberían implementar procedimientos claros para tramitar las solicitudes y evitar conflictos.

Esa exigencia cobra más peso por el alcance de la jornada. Se espera la participación de millones de personas en los comicios y que la coyuntura representa un reto operativo, especialmente en organizaciones con muchos trabajadores designados como jurados o que soliciten el beneficio por haber votado.

Entre las medidas sugeridas aparecen anticipar lineamientos internos y abrir canales de comunicación entre talento humano y los colaboradores. La elección del 31 de mayo de 2026, además de su efecto político, tendrá así implicaciones laborales directas para miles de trabajadores en todo el país.