Congreso citó a una audiencia sobre el vuelo 203 de Avianca, que Pablo Escobar habría hecho explotar en 1989: la Fiscalía no acudió

El acto conmemorativo en el Congreso de la República citado para el miércoles 27 de mayo estuvo protagonizado por la ausencia de los dos órganos centrales llamados a esclarecer la verdad judicial sobre el atentado al vuelo 203 de Avianca: la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó una audiencia para honrar a las 107 víctimas de la tragedia ocurrida el 27 de noviembre de 1989, sin la presencia de estas entidades. Durante la sesión, que comenzó a las 9:00 a. m., se esperaba escuchar a distintas instituciones estatales sobre las acciones emprendidas en materia de justicia, memoria y reparación por uno de los episodios más graves del narcoterrorismo colombiano.

Entre las entidades citadas figuraban la Fiscalía, la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la ausencia de las primeras dos marcó el desarrollo de la jornada, según información verificadda por El Tiempo.

Durante el evento, la intervención de Gonzalo Rojas, hijo de una de las personas fallecidas en el atentado, expuso el sentimiento de frustración que persiste entre los familiares.

Rojas sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, “el caso permanece en un estado preliminar” y que la verdad ha debido buscarse fuera de los canales oficiales. Destacó el informe Una mirada del atentado al avión de Avianca. Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano, elaborado para la Comisión de la Verdad, como uno de los pocos esfuerzos sistemáticos para reconstruir lo sucedido.

Ese documento, según detalló, incluyó entrevistas a exagentes de distintas agencias nacionales e internacionales, así como a exintegrantes de grupos armados y allegados a Pablo Escobar. La investigación independiente reunió testimonios e información que, según Rojas, no ha sido procesada ni utilizada de manera efectiva por las autoridades judiciales.

La audiencia dejó en evidencia preguntas que permanecen sin respuesta oficial: la identidad de todos los responsables, la posible participación de agentes del DAS, la situación de algunos pasajeros señalados en versiones contradictorias y la línea actual de investigación.

“¿Acaso esa es la idea, que todos lleguemos a viejos y fallezcamos, para que con nosotros se entierre el caso?”, cuestionó Rojas por la inacción estatal durante los últimos 36 años.

El caso ante instancias internacionales

El proceso penal por el atentado acumula más de tres décadas sin avances definitivos, lo que llevó a los familiares y a la Comisión Colombiana de Juristas a buscar justicia en el ámbito internacional.

Según el abogado Óscar Giovanni Ramírez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró admisible en 2023 una petición presentada en 2015, lo que abrió un trámite internacional contra el Estado colombiano.

Ramírez explicó que, de acuerdo con el informe de admisibilidad de la Cidh, la investigación penal ha presentado lapsos “injustificados” de inactividad, especialmente entre 1995 y 2009. Recordó que entre 1993 y 1995 la Fiscalía concedió beneficios judiciales a 11 implicados y que en 2010 se recibió la declaración de alias Popeye sobre la posible implicación de agentes del DAS, sin que hasta ahora se haya vinculado formalmente a ninguna persona en esa línea de investigación.

En este contexto, la Cidh decidió examinar posibles violaciones estatales a derechos protegidos por la Convención Americana, como el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales. La Comisión Interamericana reconoció que la prolongación del proceso y la ausencia de decisiones afectan gravemente a las víctimas y sus familiares.

Al cumplirse 37 años del atentado, las víctimas y sus representantes insisten en que la falta de esclarecimiento judicial perpetúa la impunidad. La audiencia en la Cámara de Representantes sirvió para reiterar la demanda de justicia y verdad, así como para poner en evidencia la ausencia de respuestas oficiales sobre aspectos cruciales del caso.