Confirman lo que pierde el Gobierno Petro sin la presencia del ministro de Hacienda en las próximas reuniones del Banco de la República

La Sección Primera del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una parte del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, que requería la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera reunirse, deliberar y tomar decisiones. La decisión supone un hecho relevante para el balance institucional en Colombia, teniendo en cuenta que se tomó en medio de tensiones por la conducción de la política monetaria entre el Gobierno y el banco central, lo que alimenta expectativas en torno a próximas determinaciones clave, como la definición de la tasa de interés de referencia.

La medida establece que la Junta Directiva del Banco de la República podrá deliberar y adoptar decisiones sin que el ministro de Hacienda esté presente, algo que confirma la independencia del Banco de la República y elimina por ahora la condición impuesta por el artículo 35 del Decreto 2520 de 1993.

Como se recordará, el origen de la controversia tiene raíz en diferencias previas por la política monetaria, las críticas del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la amenaza pública de no asistir a las siguientes sesiones de la Junta Directiva. Los episodios confirmaron una fuerte confrontación institucional y motivaron la demanda contra el decreto vigente desde 1993, por considerarse que otorgaba al ministro un poder de bloqueo sobre las deliberaciones y resoluciones del Emisor.

Decisión judicial sobre la Junta Directiva del Banco de la República

La Sección Primera del Consejo de Estado respondió a la demanda de inconstitucionalidad promovida por el ciudadano Daniel Felipe Useche Daza. El tribunal suspendió de forma cautelar la disposición que exigía la presencia del ministro para que la Junta del Banco de la República pudiera sesionar y decidir, por considerar que esa exigencia “comprometía la autonomía funcional del Banco” y generaba el riesgo de parálisis institucional.

Según el fallo, ni la Constitución ni la Ley 31 de 1992 establecen como indispensable la asistencia del ministro de Hacienda. Aunque el tribunal ratificó que el ministro debe presidir la Junta Directiva, aclaró que esa función no implica que su presencia sea requerida para que el organismo pueda operar legalmente.

Por supuesto, la suspensión produce efectos inmediatos. El artículo impugnado deja de estar vigente de forma temporal, y la Junta puede sesionar y deliberar sin necesitar la asistencia del ministro. Esta decisión despierta inquietudes sobre el rumbo de la tasa de interés, que es la base que cobra el banco a las entidades financieras por prestarles dinero (afecta créditos) y la principal herramienta de política monetaria para controlar la inflación y dirigir la economía nacional, así como la coordinación de políticas económicas, en un entorno de alta atención por parte de los mercados y actores políticos.

Autonomía del Banco de la República

Al respecto, ante dudas de miles de personas, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho analizó las implicaciones jurídicas. “Este tipo de circunstancias, por sí solo, lo que producen es un efecto sobre la juridicidad de lo que se está analizando”, anotó. Recordó que la situación se originó en la reunión de marzo de la Junta Directiva, cuando el ministro mencionó públicamente su posible ausencia en citas futuras.

Amorocho explicó que “deja suspendido provisionalmente, de lo jurídico, ese decreto mientras se estudia con detenimiento el análisis de exequibilidad que la autoridad judicial para este efecto viene haciendo”. Resaltó la consecuencia directa: “La junta directiva queda habilitada para sesionar sin el ministro y para decidir sin el ministro. Ese es un punto supremamente importante”.

Insistió en que la asistencia a las sesiones compete a todos los integrantes y no solo al ministro. “No altera, de ninguna manera altera, antes por el contrario, le da claridad a la autonomía e independencia del Banco de la República, pero por sobre todo a la continuidad del servicio público de la junta directiva en cuanto a su función del artículo 373: velar por el poder adquisitivo de la moneda a través del banco y de todo el Estado”, precisó.

Sobre las consecuencias para la política monetaria, el experto apuntó que “esto no va a producir efecto directo sobre la tasa de interés. El efecto directo lo produce un fenómeno de mercado y el manejo de la política económica estatal”. Añadió que la evolución de las tasas responde a factores de mercado, los precios del petróleo y la gasolina, y elementos climáticos que inciden en la oferta de alimentos.

De igual manera, insistió en la importancia de la coherencia institucional. “Las decisiones deben estar en plena congruencia con la política económica general”, agregó.

Según él, si el artículo fuera declarado finalmente inexequible, “afianzaría esa incertidumbre que había sobre un Banco de la República que no fuera completamente autónomo e independiente”. Sostuvo que la autonomía institucional se fortalece, sin que esto signifique la pérdida de relevancia del Estado ni del ministro en la conducción de la política económica general.

Repercusiones políticas

Otro experto, el profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana Juan Nicolás Garzón analizó las consecuencias inmediatas tras la suspensión. Explicó que, luego del anuncio de retirada, en la siguiente reunión de la Junta Directiva se alcanzó por consenso sostener la tasa de interés en 11,25%.

Garzón considera que, después de ese consenso, el Gobierno perdió la opción de utilizar la ausencia del ministro como forma de presión, dado que finalmente participó en la decisión. “Un logro no tan grande para el gobierno como lo quisiera, pero va en una dirección que contradice la expectativa del mercado”, dijo. El mercado anticipaba que la tasa superaría el 12%, pero se evitó un incremento y el Ejecutivo aspiraba a una reducción.

Destacó que la credibilidad y la consistencia son elementos esenciales para la política monetaria. “La credibilidad lo es todo en política monetaria, las expectativas lo son todo en política monetaria”, remarcó. Dijo que los mercados estarán atentos a que el Banco de la República mantenga criterios técnicos en su gestión, pues esto previene “un desanclaje de las expectativas” y refuerza la confianza en la capacidad del emisor para llevar la inflación a los objetivos planteados.

En el plano político y electoral, el especialista prevé que el Gobierno utilice el fallo para denunciar un bloqueo institucional, con lo que recordaría situaciones similares como la discusión sobre el salario mínimo. “No me extrañaría para nada que, por supuesto, reafirme la idea de que el Consejo de Estado está entorpeciendo un poco los propósitos y los objetivos del Gobierno”, puntualizó. Añadió que el candidato cercano al oficialismo (Iván Cepeda) propuso una reforma para eliminar el Consejo de Estado.

Según él, desde la oposición la interpretación es opuesta: la decisión del tribunal se percibe como una defensa técnica e independiente del Banco de la República, priorizando criterios profesionales sobre intereses políticos.