Comunidad de El Remanso, Bosa, enfrentará desalojo inminente por orden judicial en julio: alcalde Galán solicitó alternativas para las familias

El futuro de cerca de mil personas pertenecientes a unas 400 familias residentes en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, quedó definido tras la decisión del inspector de policía número siete de fijar el 14 de julio como la fecha definitiva para el desalojo.

La medida, sustentada en una orden judicial de cumplimiento inmediato, busca dar respuesta a un proceso de ocupación iniciado en 2011, el cual ha estado marcado por varias suspensiones y controversias legales a lo largo de los años.

El procedimiento de desalojo, ordenado por los fallos judiciales, involucra a entidades distritales, nacionales, de control y de servicios públicos, que han sido notificadas de su obligación de asistir y aportar recursos logísticos, infraestructura y personal capacitado para la jornada.

La Secretaría Distrital de Gobierno fue designada como coordinadora central, responsable de articular los esfuerzos y recursos necesarios para la correcta ejecución del operativo. Se incluyó la realización de reuniones previas de coordinación, el diseño de protocolos específicos y la definición clara de las responsabilidades de cada entidad involucrada.

La decisión judicial provocó preocupación y movilización en la comunidad de El Remanso, así como entre líderes políticos y sociales de Bogotá. En la Personería de Bogotá se instaló una comisión técnica solicitada por los habitantes del barrio, con el objetivo de explorar salidas jurídicas, institucionales y humanitarias que permitan avanzar en la titularización de los predios ocupados por familias que, según han manifestado, compraron de buena fe y se consideran legítimos poseedores de las viviendas.

La comisión técnica contó con la participación del secretario general de la Alcaldía Mayor, el secretario de Gobierno, el director jurídico distrital, representantes de la Secretaría Distrital de Planeación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, el Ministerio de Vivienda y otros actores institucionales.

El concejal José Cuesta Novoa (del Pacto Histórico), que ha acompañado a la comunidad en la defensa de sus derechos, insistió en que el origen del problema radica en las mafias de los llamados “tierreros”, estructuras ilegales que durante años promovieron ventas irregulares de predios sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“El eslabón más débil no puede terminar pagando las consecuencias de años de omisión institucional. Aquí las verdaderas víctimas son las familias que compraron de buena fe y que durante años consolidaron sus viviendas y construyeron comunidad”, afirmó Cuesta Novoa.

El cabildante también cuestionó el papel de las autoridades en el pasado, señalando que las ventas se realizaron a la vista de todos, incluso frente a un CAI policial, y advirtió que una eventual demolición de las viviendas podría desencadenar un desastre humanitario y un impacto económico considerable para el Distrito Capital.

En la comisión se reiteró que existen mecanismos jurídicos alternativos contemplados en la Ley 2044 y la Ley 388, que permiten procesos de legalización y titularización como salida al conflicto. El concejal recordó el precedente de 2018, cuando el distrito compró y legalizó más de 150 predios en condiciones semejantes, y mencionó que el avalúo actual del terreno ronda los 2.500 millones de pesos.

Avances institucionales y propuestas de solución

Como resultado de la reunión, se acordó avanzar de manera acelerada en la búsqueda de soluciones, considerando la cercanía de la fecha de desalojo. Para esta semana se programó una reunión entre el Distrito Capital y la empresa Sotrandes, y en los primeros días de junio habrá un encuentro entre el Ministerio de Vivienda, el distrito y representantes de la comunidad.

El concejal Cuesta Novoa propuso que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán presente un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá para legalizar el polígono donde se encuentran los 94 predios de El Remanso I. “La salida debe ser la titularización y la permanencia de las familias. Hay razones humanitarias, sociales, económicas y de orden público que obligan al Distrito a actuar con responsabilidad y voluntad política”.

Pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

Frente a la inminencia del desalojo, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció públicamente, subrayando la necesidad de encontrar una solución estructural y reiterando su compromiso con la búsqueda de alternativas construidas junto a la comunidad.

“La comunidad de El Remanso, en Bosa, necesita y merece una solución estructural. Un juez ordenó el desalojo, pero he dado la instrucción de explorar alternativas que permitan encontrar una solución construida de la mano con la comunidad, reconociendo los derechos de los propietarios y protegiendo a las familias que hoy habitan el sector”, indicó Galán.

El mandatario precisó que el conflicto tiene sus raíces en la compraventa irregular de los predios en 2010 y 2011, y reconoció que muchas familias han consolidado allí su proyecto de vida. Galán solicitó al secretario de Gobierno y al alcalde local de Bosa que aseguren la participación activa de la comunidad en la discusión de las alternativas y que la información fluya de manera permanente.

“No es una situación fácil ni tiene soluciones simples. Pero nuestra tarea es encontrar un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva”, concluyó Galán, dejando claro que el Distrito buscará evitar una crisis humanitaria y ofrecer una salida de fondo antes del 14 de julio.