La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la suspensión temporal de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, con motivo de la jornada electoral presidencial.
La medida, expedida mediante la Resolución 00004131 de 2026, estará vigente desde las 6:00 a. m. del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio de 2026, y busca reforzar la seguridad y el orden público durante las elecciones del 31 de mayo.
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La restricción se extiende a la totalidad de la ciudad de Bogotá y a los municipios de Cundinamarca, con excepción de Medina y Paratebueno. También incluye a los municipios de San Juanito y El Calvario, ubicados en el departamento del Meta. La decisión se alinea en las acciones institucionales para prevenir incidentes y garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente seguro para la ciudadanía.
Alcance y excepciones de la suspensión
La suspensión de los permisos aplica tanto a personas naturales como jurídicas y cubre todos los permisos de porte expedidos previamente en la jurisdicción mencionada. Sin embargo, la decisión contempla una serie de excepciones legales, entre ellas los permisos otorgados a entidades como:
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- La Fiscalía General de la Nación
- La Procuraduría General de la Nación
- La Contraloría General de la República
- El Inpec
- Migración Colombia
- La Unidad Nacional de Protección
- La Dirección Nacional de Inteligencia
- Empresas de vigilancia y seguridad privada
- Misiones diplomáticas acreditadas.
También están exentos el personal activo y veteranos de la Fuerza Pública y los profesionales oficiales de la reserva, entre otros casos previstos por la ley. La Brigada 13 advirtió que, de realizarse una segunda vuelta presidencial, la suspensión se reactivará en los mismos términos y con las mismas excepciones, desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026.
Llamado a la ciudadanía y canales de denuncia
Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía colabore con la preservación del orden público e invite a denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia oportuna es fundamental para la rápida intervención de las autoridades y para garantizar la seguridad en el marco de la jornada electoral.
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El objetivo de la suspensión es reducir el riesgo de incidentes violentos, alteraciones del orden público o hechos delictivos que puedan poner en peligro la integridad de los votantes, jurados y funcionarios electorales. La medida forma parte de los protocolos nacionales de seguridad adoptados recurrentemente en periodos electorales para mitigar potenciales amenazas.
Dispositivo especial de seguridad en Cundinamarca
En el escenario de las elecciones, la Gobernación de Cundinamarca puso en marcha un dispositivo institucional y operativo reforzado, con la participación de más de 6.000 efectivos y la implementación de medidas especiales de vigilancia, atención judicial y custodia de los puestos de votación en todo el territorio departamental.
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Durante la novena sesión de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, autoridades civiles, organismos de control y la fuerza pública revisaron las estrategias logísticas, tecnológicas y de seguridad previstas para la jornada democrática. La Delegación Departamental de la Registraduría Nacional informó que estarán habilitadas 6.916 mesas en 684 puestos de votación, además de 11 puntos en centros penitenciarios.
En 57 municipios se instalarán puestos de digitalización respaldados por tres centros de acopio digital, para optimizar la transmisión y consolidación de resultados electorales. El componente de seguridad contará con 3.307 efectivos de la Policía Nacional y 3.141 soldados de la Brigada 13 del Ejército Nacional, encargados de custodiar puestos de votación, material electoral y corredores viales en los 116 municipios del departamento.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó su presencia en 90 municipios con más de 400 funcionarios del CTI, fiscales y la activación de 13 puntos y centros de atención para responder ante posibles delitos electorales. Un total de 14.697 ciudadanos fueron designados como jurados de votación y algunos municipios implementarán lectores biométricos para reforzar la identificación de los votantes.
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