Concejal, al parecer ebrio, agredió a un adulto mayor, le rompió una botella en la cabeza: “Usted no tiene ni mierda, yo lo tengo todo”

El concejal José Santos Martínez Moreno se encuentra en el centro de la controversia en Guateque, Boyacá, luego de que un video que lo muestra en un altercado con un adulto mayor se volviera viral.

El incidente, registrado durante el fin de semana en una vivienda, ha generado un amplio rechazo entre los habitantes y reavivado el debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos.

Las imágenes muestran cómo el adulto mayor sale de su vivienda y, tras un breve intercambio verbal con un joven, el concejal se aproxima abruptamente al anciano, al parecer le rompe una botella en la cabeza y se escucha el forcejeo tras la puerta. Tras la agresión y con la presencia de la Policía, se escucharon insultos e intimidaciones de parte de Martínez Moreno, que gritó: “No tiene mi mierda, hijueputa viejo gonorrea. Usted no tiene ni mierda. Yo lo tengo todo. Vea, ¿sabe qué? Perro, ¿sabes no tiene ni mierda, gonorrea?”. La víctima respondió: “Porque todo se lo ha robado”.

De acuerdo con habitantes del municipio, el funcionario presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos. La situación ha motivado a ciudadanos a exigir pronunciamientos oficiales, tanto de la administración municipal como de los organismos de control disciplinario, para que investiguen la conducta del concejal.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Entre los mensajes, un usuario expresó: “A ese señor deberían destituirlo inmediatamente”. Otro comentario sostiene: “Este señor ha ocasionado en más de una vez esta serie de espectáculos y las autoridades no hacen nada. Ojalá tomen acciones por amenazas y agresiones y de paso su destitución del concejo por mala conducta”.

Martínez Moreno, quien accedió al concejo municipal en 2023 por el movimiento Fuerza Ciudadana con 128 votos, enfrenta ahora cuestionamientos por parte de sus electores.

La ausencia de un pronunciamiento oficial del concejal implicado y de la alcaldía del municipio mantiene en suspenso la expectativa pública sobre posibles consecuencias legales y disciplinarias. Hasta el momento, ninguna de las autoridades municipales ha emitido una declaración pública respecto al caso ni ha presentado información sobre avances en la investigación.

Por otra parte, en Colombia, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de maltrato, abandono o violencia contra un adulto mayor puede activar inmediatamente una ruta de protección. El canal más directo es la Línea de Emergencia Nacional 123, que permanece disponible las 24 horas para atender situaciones de urgencia. La Policía Nacional también cuenta con cuadrantes asignados en cada barrio, donde se pueden solicitar medidas de protección inmediatas para la víctima.

Las Comisarías de Familia tienen competencia para recibir denuncias de violencia intrafamiliar y pueden dictar medidas de protección. En Bogotá existe la línea telefónica “Una llamada de Vida” (601-3808400), que facilita la orientación y el apoyo en estos casos. Además, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias penales tanto de manera oral como escrita y dispone de sedes, Casas de Justicia y Unidades de Reacción Inmediata para tramitar los reportes.

En situaciones que impliquen lesiones, Medicina Legal realiza valoraciones médico-legales para documentar las agresiones sufridas. Las personerías distritales y municipales cumplen una función de acompañamiento, asesorando en la elaboración de acciones de tutela o la promoción de procesos judiciales para restablecer los derechos de los adultos mayores afectados. El maltrato y el abandono de personas mayores son delitos sancionados por la Ley 1850 de 2017, y cualquier ciudadano está facultado para denunciar.

Además, los concejales, en su calidad de servidores públicos, pueden ser destituidos e inhabilitados si se demuestra su responsabilidad en actos de maltrato, según el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). La Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales tienen competencia disciplinaria para investigar y sancionar este tipo de conductas.