
Iván Cepeda Castro llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con la promesa de extender el proyecto de Gustavo Petro, al ser el encargado de tomar las banderas del Pacto Histórico y consolidarse como el aspirante más respaldado por la ciudadanía, de acuerdo con las encuestas realizadas en el país.
Con cerca de 32 años de trayectoria, entre el activismo y su papel en el Congreso, el líder progresista busca asegurar un lugar en la segunda vuelta, que se desarrollará posiblemente el 21 de junio, o incluso ganar en la primera, como prevé su campaña.
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A su lado irá Aida Quilcué, senadora y lideresa indígena nasa vinculada al Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización con 55 años de trayectoria política. Su fórmula también condensa una disputa simbólica en el Cauca frente a Paloma Valencia, rival directo de Cepeda en la primera vuelta.
Cepeda llegó a la elección tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, derrotando con superioridad a Carolina Corcho y Daniel Quintero.
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Aunque estaba previsto a participar en la consulta Frente por la Vida del 8 de marzo, finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que está inhabilitado para participar en este mecanismo, lo que obligó al aspirante a postularse de forma directa.
La candidatura de Cepeda también se apoya en una identidad política forjada alrededor de la verdad de las víctimas y del ajuste de cuentas histórico con el uribismo, que presenta esa idea como el eje más profundo de su aspiración presidencial.
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¿Quién es Iván Cepeda?
Iván Cepeda Castro nació en Bogotá (Colombia), el 24 de octubre de 1962. Es filósofo por la Universidad San Clemente de Ohrid, Bulgaria (1987), y tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Católica de Lyon, Francia (2002).
Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica, y Yira Castro, líder social, periodista y exconcejala de Bogotá.
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Según su perfil, su vida ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia durante más de 25 años.

Sin embargo, el crimen contra su padre, ocurrido el 9 de agosto de 1994, fue un punto de inflexión para su carrera en la política. Según ha relatado en entrevistas y conversaciones públicas, él pasaba en bus por la Avenida Las Américas a la altura del barrio Mandalay (occidente de Bogotá), con rumbo hacia la Universidad Javeriana, cuando vio al dirigente colombiano baleado y tendido sobre los asientos de su carro. Ese día, a los 31 años, decidió que su propósito sería buscar justicia.
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Incluso, habló por primera vez ante el país con la escena del crimen a sus espaldas. “Me acabo de bajar del ejecutivo y acabo de ver el carro; yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible (...) así que yo le pido al país, le pido al presidente Ernesto Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune, como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, declaró a la prensa nacional.
Al día siguiente creó la Fundación Manuel Cepeda para investigar el magnicidio. Durante los años siguientes buscó testigos, señaló a militares y paramilitares y participó en la fundación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
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Su papel como activista
Cepeda se ha destacado como defensor de las víctimas, lo que le ha costado amenazas, exilio entre 1998 y 2004, y persecución política. Cuenta con medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue parte del movimiento Colombianos por la Paz, que logró la liberación de secuestrados entre 2009 y 2010, y es uno de los fundadores del movimiento Defendamos la Paz, alianza amplia y plural en favor de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc-EP.
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A su regreso del exilio, reapareció en el centro de la política nacional en julio de 2004, cuando entró al Congreso con una fotografía de su padre para protestar por la presencia de Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez en el Salón Elíptico.
En marzo de 2008 encabezó la marcha “Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado”, que movilizó a más de un millón de personas en todo el país, según reportes de prensa de la época.
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José Obdulio Gaviria, entonces asesor presidencial, calificó esa marcha como “convocada por las Farc”. Para entonces, Cepeda ya se había consolidado como uno de los opositores más duros de Uribe.
Ese mismo año publicó junto con Jorge Rojas el libro A las puertas del Ubérrimo, de poco más de 150 páginas, que prometía una investigación sobre los vínculos de paramilitares con empresarios y políticos en Córdoba.
Del mismo modo, Cepeda fue facilitador del proceso de paz entre el gobierno y las Farc en 2012 y cumplió el mismo papel en los diálogos entre el gobierno y el ELN en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos. En el gobierno de Gustavo Petro pasó a ser uno de los principales arquitectos políticos y conceptuales de la paz total.

Su carrera como congresista
En 2010 se produjo su llegada al Congreso de la República, en representación del partido Polo Democrático Alternativo, tras obtener una curul en la Cámara de Representantes con 35.000 apoyos ciudadanos.
En su perfil se destaca que ha sido copresidente de las comisiones de paz de la Cámara y el Senado. Lideró debates de control político relevantes, como el de septiembre de 2014 sobre los nexos del expresidente Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares. Ese debate derivó en una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia contra Uribe.
Además, es autor de la Ley 1719 de 2014, que combate la impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado. Ha sido crítico del despojo de tierras, la concentración de la propiedad rural, la explotación minera a gran escala, la situación carcelaria y la violencia de género. Ha logrado que se investigue a más de 220 funcionarios estatales.
Su papel en el legislativo le ha dejado varios reconocimientos como la Medalla de la Libertad ‘Roger Baldwin’ (Human Rights First, 2007) y el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos ‘Antonio Nariño’ (2015). También, ha sido reconocido año tras año como uno de los mejores congresistas de Colombia, según líderes de opinión en la encuesta de la firma Cifras & Conceptos.

Polémica con Álvaro Uribe
Dentro de su trasegar político, se ha caracterizado por tener diferencias con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue en 2011 cuando el congresista lo señaló de un supuesto vínculo con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con base en testimonios de exparamilitares.
Un año después, Uribe radicó una denuncia penal contra Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.
En 2014, tras llegar al Senado, continuó con sus debates en contra del jefe de Estado donde también lo acusó de realizar favores al Cartel de Medellín cuando fue director de Aeronáutica Civil.
El proceso avanzó sin novedad, hasta el año 2018, donde la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cepeda y compulsó copias contra Uribe. Ese giro produjo la detención domiciliaria del exmandatario durante 66 días en 2020, su renuncia al Congreso y el traslado del expediente a la justicia ordinaria.
En 2024, Uribe fue llamado a juicio y en julio de 2025 fue condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal. En octubre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena.
Mientras avanzaba ese pulso, Cepeda fue reelegido senador en 2018 con 77.842 votos y volvió a llegar al Congreso en 2022 como parte de la lista cerrada del Pacto Histórico. Durante esos años también enfrentó un cáncer de colon en fase temprana, del que se recuperó tras cirugías y quimioterapias.
Su plan de Gobierno
Bajo el nombre de “El poder de la verdad”, Iván Cepeda Castro presentó su plan de Gobierno que implementaría de ganar las elecciones presidenciales en Colombia.
Su propuesta incorpora un paquete de siete programas sociales y plantea que su financiación provenga de reformas tributarias progresivas y de un esquema de “programas sociales por impuestos” articulado con gremios privados.
Entre las medidas de arranque, Cepeda incluye un plan de choque en salud para los primeros 100 días, orientado a destrabar la entrega de medicamentos y las citas médicas represadas. El programa también propone dar continuidad y redireccionar recursos estatales para fortalecer iniciativas como Renta Joven.
La plataforma suma además la creación de un salario vital, definido como un ingreso de subsistencia para líderes y lideresas sociales con el objetivo de ofrecer una medida de protección. La apuesta social se enmarca en una estrategia más amplia de lucha contra la pobreza y de expansión del bienestar general.
En materia ambiental y económica, el programa plantea una sustitución energética progresiva para mover la matriz extractivista hacia energías limpias. En esa definición, Cepeda rechaza el fracking y propone una transición sostenida de la economía.
En seguridad y negociación, la propuesta defiende la paz total mediante la consolidación de diálogos de paz y de verdad. El énfasis está puesto en garantizar la seguridad en las zonas rurales frente a grupos armados.
El programa también define una línea de política exterior basada en la soberanía internacional. En su visión, la relación con Estados Unidos debe regirse por la equidad y no por una postura dependiente o colonial.
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