La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sentenció a once años y ocho meses de prisión al exsenador Musa Besaile Fayad tras admitir su responsabilidad como uno de los jefes del entramado criminal que desfalcó al departamento de Córdoba a través del denominado “cartel de las regalías”.
El fallo precisó que Besaile lideró una estructura dedicada a la apropiación ilegal de recursos públicos, con el objetivo de pagar favores políticos y consolidar su influencia en la región.
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El liderazgo en la estructura criminal
La decisión judicial estableció que Musa Besaile ocupó la cúpula de la organización, desde donde coordinó con otros dirigentes políticos la defraudación patrimonial al Estado. De acuerdo con lo conocido por Semana, la estructura se financió principalmente con fondos asignados al departamento desde el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones. La Corte documentó que este entramado determinó la distribución de cargos claves y el reparto de porcentajes de sobornos en la adjudicación de contratos estatales.
La sentencia atribuyó a Besaile la condición de coautor interviniente de peculado por apropiación en modalidad de delito continuado y cómplice en contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además de la pena de prisión, el fallo impuso una multa de 2.046 millones de pesos y lo condenó a pagar al departamento de Córdoba cerca de 19.261 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios.
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El acuerdo político-burocrático y la manipulación de la contratación
Las pruebas examinadas por la Sala Especial de Primera Instancia remontan los hechos al periodo previo a las elecciones regionales de 2011. En ese contexto, Musa Besaile y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías se aliaron para apoyar la candidatura de Alejandro Lyons Muskus a la Gobernación de Córdoba (2012-2015). Como contrapartida, acordaron repartirse el control burocrático y desviar recursos del departamento.
Una vez Lyons asumió funciones, el acuerdo se materializó con el nombramiento de personas afines a la estructura de Besaile en dependencias estratégicas como la Secretaría del Interior y la Secretaría de Infraestructura. Desde estos cargos, la organización gestionó la adjudicación irregular de contratos financiados con regalías, pactando comisiones ilegales con contratistas que luego eran repartidas entre los líderes políticos.
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Desvío de recursos y esquemas fraudulentos
El expediente judicial señaló que el desvío de fondos públicos no solo buscó el enriquecimiento de los involucrados, sino también la financiación de campañas electorales para prolongar el dominio político en la región. Entre los esquemas identificados destaca el llamado cartel de la hemofilia, mediante el cual se simularon pacientes para justificar recobros médicos fraudulentos, con una apropiación de unos 3.400 millones de pesos.
Asimismo, en 2013 se detectó el desvío de más de 84.510 millones de pesos en convenios de ciencia y tecnología financiados con regalías. Los proyectos incluyeron comisiones ilegales superiores a 2.350 millones de pesos repartidas entre los implicados. La Corte Suprema concluyó que Musa Besaile fue organizador y beneficiario de estos mecanismos de apropiación ilícita.
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Antecedentes judiciales y consecuencias políticas
La sentencia detalla que Besaile ya había aceptado cargos el año anterior, reconociendo su participación en el desvío de contratos en asocio con el exgobernador Lyons. El fallo también negó la solicitud de beneficios por colaboración, al considerar que la cooperación judicial debe ser total, clara y veraz, sin margen para interpretaciones discrecionales.
El impacto de la red criminal se extendió a familiares y otros aliados. Su hermano, John Besaile, ocupó la Secretaría del Interior y actualmente enfrenta un proceso por falsedad ideológica en documento público. Varios exfuncionarios relacionados con la estructura han sido sancionados o condenados por las autoridades competentes.
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La condena a Musa Besaile incluye inhabilidad para ejercer cargos públicos. El expediente señala que solo a través del cartel de la hemofilia y los contratos de ciencia y tecnología se desviaron decenas de miles de millones de pesos, afectando gravemente al departamento de Córdoba.
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