A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el Gobierno nacional anunció un plan estratégico de seguridad que prevé el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció que este dispositivo tiene como objetivo garantizar la protección de los 13.489 puestos de votación y asegurar que los colombianos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y respeto a la democracia.
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El plan de seguridad abarca la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento en eventos públicos de campaña. El Gobierno ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quienes aporten información que permita anticipar atentados contra los aspirantes. Hasta el momento, 625 actividades en plaza pública han sido custodiadas mediante la coordinación entre las Fuerzas Militares, encargadas del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, responsable del 57% restante.

Durante la rueda de prensa, Sánchez reiteró el compromiso de la fuerza pública con el orden constitucional y la protección del proceso democrático. Aseguró que “la fuerza pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia”, con la finalidad de transmitir un mensaje de confianza ante las tensiones políticas y la volatilidad previa a los comicios.
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Estrategias de prevención y dispositivos especiales
El Ministro de Defensa hizo un llamado contundente a rechazar cualquier intento de violencia o sabotaje que pretenda alterar la jornada electoral. Subrayó que la desinformación y los ataques en redes sociales buscan generar zozobra, y advirtió que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie”.
Como parte de la estrategia de transparencia, permanece activa la Línea de Transparencia 157, que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales como fraude o compra y venta de votos. Durante las pasadas elecciones legislativas, esta línea recibió 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se efectuaron 88 capturas por conductas ilícitas.
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El director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, con base en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este análisis permitió priorizar 67 municipios con mayor nivel de riesgo donde se concentrarán dispositivos especiales de atención inmediata para contener acciones que puedan afectar la normalidad de las votaciones.

Despliegue y capacidades de la Fuerza Pública
El ministro Sánchez detalló que todas las capacidades de la fuerza pública están en operación para asegurar la jornada electoral del 31 de mayo: “Aeronaves, helicópteros, antidrones y hombres y mujeres de la Fuerza Pública están en operación”, afirmó.
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Las autoridades han identificado 32 puntos con riesgo de hechos violentos y 38 municipios con amenazas no violentas. El dispositivo de seguridad se ha reforzado en Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región del Tolima, zonas que concentran las principales alertas por presencia de grupos armados organizados. En estos municipios se han desplegado capacidades aéreas, sistemas antidrones y personal especializado.
El plan especial se articula a través de 35 puestos de mando unificados (PMU), desde donde se coordina el despliegue de más de 408.000 uniformados para garantizar que las elecciones transcurran en absoluta normalidad. El ministro Sánchez enfatizó que “en todos esos sitios hemos desplegado todas las capacidades”, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad electoral.
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Dispositivos regionales y operación en Cundinamarca
En el departamento de Cundinamarca, la Gobernación puso en marcha un operativo institucional que contempla más de 6.000 efectivos y la activación de medidas especiales de vigilancia y atención judicial. Durante la novena sesión de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, autoridades civiles, de control y fuerza pública revisaron los dispositivos logísticos, tecnológicos y de seguridad para la jornada.
La Delegación Departamental de la Registraduría Nacional informó que estarán habilitadas 6.916 mesas en 684 puestos de votación y 11 puntos en centros penitenciarios. Además, 57 municipios contarán con puestos de digitalización respaldados por tres centros de acopio digital para optimizar la transmisión y consolidación de resultados.
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El componente de seguridad en Cundinamarca incluye 3.307 efectivos de la Policía Nacional y 3.141 soldados de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, quienes custodiarán puestos de votación, material electoral, corredores viales y zonas rurales en los 116 municipios del departamento.
La Fiscalía General de la Nación confirmó presencia institucional en 90 municipios con más de 400 funcionarios del CTI, fiscales y la activación de 13 puntos de atención para responder ante posibles delitos electorales. Para la jornada fueron designados 14.697 jurados de votación y algunos municipios emplearán lectores biométricos para reforzar la identificación de votantes.
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Las autoridades recordaron que la Ley Seca regirá desde el 30 de mayo, conforme al Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior. Con dicho despliegue, el departamento prepara una jornada electoral acompañada de vigilancia institucional permanente y garantías para ejercer el voto de manera libre y segura.
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