Delegados del Reino Unido inspeccionaron la cárcel El Buen Pastor por posible extradición de Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio

La inspección en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá reunió durante varias horas a funcionarios judiciales y penitenciarios de Colombia y del Reino Unido, en el marco del proceso de extradición de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán. La revisión incluyó recorridos por todos los pabellones, con énfasis en los niveles de hacinamiento y las áreas de atención psiquiátrica del penal.

Esta actuación se dio en el caso del envenenamiento con talio de frambuesas en Bogotá, que causó la muerte de dos menores y afectó a otras dos personas entre el 5 y el 9 de abril de 2025. Guzmán, señalada como principal sospechosa, abandonó Colombia poco después de los hechos y fue localizada en Londres tras una alerta de Interpol.

En el Buen Pastor presentó un delegado de la Unidad de Extradición del Reino Unido, que llegó en vehículos blindados acompañado de dos investigadores de la Fiscalía General de la Nación y tres altos funcionarios del Inpec, junto a autoridades de la prisión. El proceso se mantuvo bajo estricta reserva, sin acceso a entrevistas ni declaraciones públicas sobre los detalles observados.

La intervención respondió a una solicitud de la defensa de Guzmán, quien pidió que se verificaran las condiciones de reclusión y atención médica, en particular en el pabellón donde podría ser alojada. La inspección buscó garantizar la seguridad de la acusada y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El Reino Unido, antes de autorizar la extradición, exige garantías sobre las condiciones de reclusión y custodia. Fuentes penitenciarias confirmaron que la cárcel El Buen Pastor es considerada la opción más adecuada, por contar con un pabellón especial para funcionarias públicas y menores niveles de hacinamiento.

La visita de la comisión británica formó parte de las verificaciones requeridas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe tratos degradantes. El proceso de extradición sigue abierto, y la decisión final podría demorarse hasta noviembre, cuando se prevé que continúen las audiencias y negociaciones entre autoridades de ambos países.

Detalles del caso

La investigación sobre Zulma Guzmán Castro ha escalado a nivel internacional tras el envenenamiento que causó la muerte de dos menores en Bogotá. Diversos documentos y pruebas recopilados por la fiscal delegada Elsa Reyes sustentan la solicitud de extradición, presentada con el respaldo de 37 folios enviados por la Fiscalía a las autoridades competentes.

Las menores recibieron un pedido a domicilio con frambuesas cubiertas de chocolate, contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico. La ingesta del producto, según la Fiscalía, desencadenó el fallecimiento de ambas niñas: una el 5 de abril y la otra, cuatro días después. Además, un joven y otra adolescente sobrevivieron solo por la rapidez de la atención médica recibida, aunque sufrieron daños severos en varios órganos y secuelas permanentes.

La Fiscalía sostiene que Guzmán orquestó el envío del alimento envenenado utilizando intermediarios y engaños para lograr la entrega. El expediente incluye pruebas como interceptaciones, búsquedas en bases de datos, inspecciones a inmuebles y análisis toxicológicos, que vinculan de forma directa a la acusada con los hechos investigados.

La gravedad del caso, el perfil de las víctimas y la naturaleza del tóxico utilizado motivaron la petición de extradición. La Fiscalía también explora si Guzmán intentó envenenar a su cuñada, Elvira María Restrepo, meses antes, mediante chocolates contaminados, lo que le provocó una intoxicación grave y la necesidad de tratamiento en el extranjero.

Zulma Guzmán huyó de Colombia tras el crimen, pasando por varios países antes de ser detenida en el Reino Unido bajo una circular roja de Interpol. Actualmente, permanece recluida en la cárcel de Bronzefield, a la espera de que la justicia británica decida sobre su extradición a Colombia. Las familias de las víctimas exigen que se agilicen los procesos judiciales para que enfrente cargos por homicidio.