Defensora del Pueblo hizo un llamado a Gustavo Petro que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato oficialista

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó un llamado público al presidente Gustavo Petro y a los integrantes del Gobierno nacional para que se abstengan de realizar declaraciones que puedan favorecer al candidato del partido oficialista en el actual contexto electoral.

Su pronunciamiento se realizó durante la más reciente sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral en Cartagena. Allí, la funcionaria advirtió sobre los riesgos que conlleva la presunta intervención de altos funcionarios en el proceso democrático y solicitó que se cumpla la neutralidad institucional.

“Mientras que lleguen las autoridades competentes y tomen una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, afirmó Marín ante los medios.

La defensora insistió en que estas conductas no deben replicarse ni por el jefe de Estado ni por el resto de funcionarios del Ejecutivo. Enfatizó que el pronunciamiento responde a inquietudes ciudadanas y a la importancia de salvaguardar el derecho al voto libre e informado.

Riesgos detectados para la primera vuelta presidencial

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento Electoral, Iris Marín detalló cuatro riesgos principales que, según su diagnóstico, persisten en el desarrollo del proceso de primera vuelta presidencial. El primero involucra la interferencia de grupos armados en varios municipios, lo que ha incrementado los niveles de riesgo y amenaza la seguridad en zonas específicas del país.

El segundo riesgo se relaciona con la conducta de distintas candidaturas. “Alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, sostuvo la funcionaria.

Los otros dos riesgos incluyen la falta de garantías para el ejercicio de los derechos políticos en ciertas regiones y la presión que pueden ejercer actores externos sobre el electorado. La defensora reiteró la necesidad de que las instituciones actúen con celeridad para prevenir que estos factores incidan negativamente en la jornada electoral.

Procuraduría solicitó informe sobre denuncias contra Petro

En paralelo a los señalamientos de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes un reporte detallado sobre las denuncias o quejas registradas contra el presidente Gustavo Petro por presunta indebida participación en política.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, pidió que la información sea remitida a su despacho en un plazo máximo de tres días, incluyendo número de radicación, fecha, identidad del denunciante, síntesis de los hechos y etapa procesal de cada caso.

“El propósito de la solicitud es que el Ministerio Público pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de seguimiento y vigilancia sobre el adecuado trámite de dichas actuaciones”, precisó Eljach Pacheco.

Esta solicitud de la Procuraduría se suma al proceso que ya se tramita en la Comisión de Acusación, iniciado el 26 de marzo por el representante y actual segundo vicepresidente de la Cámara, Daniel Carvalho, que pidió investigar al mandatario por una supuesta falta de neutralidad durante el proceso electoral.

Acciones judiciales de la oposición

A las investigaciones en curso, se suman las acciones anunciadas por la candidata presidencial Claudia López, que aseguró que presentará una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusación, así como una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un comunicado, su campaña informó que el recurso solicita investigar a Petro por intervención en política, falta que podría acarrear la pérdida del cargo. El documento advierte que, ante la inactividad de la Comisión de Acusación, la candidata acudió al sistema interamericano exigiendo, entre otras medidas, una rectificación pública del mandatario y la abstención de nuevas interferencias en el proceso electoral.

Las investigaciones y solicitudes de vigilancia institucional se producen mientras persisten los cuestionamientos sobre la neutralidad de los altos funcionarios y el desarrollo regular de la contienda electoral en Colombia.