Corte Suprema frenó a hombre que presentó más de 600 tutelas para exigir mayor protección de la UNP pese a ya tener escoltas

La Corte Suprema de Justicia le puso freno a un caso que ya se había convertido en una carga para los jueces del país. El alto tribunal rechazó una nueva tutela presentada por Jhon Jair Segura Toloza y concluyó que el ciudadano abusó de este mecanismo judicial al presentar más de 600 acciones similares en distintos despachos del país, muchas de ellas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de obtener un esquema de seguridad más amplio.

Según la decisión, Segura Toloza ya contaba con medidas de protección del Estado, pero insistía en pedir un esquema más robusto sin cumplir uno de los requisitos básicos: asistir a la valoración técnica de riesgo que exige la UNP para determinar si realmente necesita un aumento en su protección.

La magnitud del caso llamó la atención de la Corte. En los registros judiciales revisados durante el proceso aparecieron cifras enormes: una oficina encontró 672 tutelas presentadas por el mismo ciudadano y otra contabilizó 382 solamente en Cali desde 2010. De todas esas acciones, al menos 368 fueron dirigidas contra la UNP. Sin embargo, la mayoría no prosperó: 300 fueron negadas y solo 39 terminaron a su favor.

La tutela que originó esta decisión había sido presentada en octubre de 2025. Segura Toloza buscaba que un juzgado ordenara ampliar su esquema de protección, argumentando que había recibido amenazas después de retirar su aspiración a la Presidencia de la República.

Pero la Corte encontró que esa era ya la tercera tutela presentada exactamente por los mismos hechos, contra las mismas entidades y con la misma petición.

Por eso, el alto tribunal concluyó que existía “temeridad”, una figura jurídica que se aplica cuando alguien usa la tutela de forma repetitiva e indebida para insistir en algo que ya fue resuelto por los jueces.

Incluso, dentro del expediente, quedó registrado que el propio Segura Toloza reconoció haber presentado múltiples tutelas iguales y aseguró que, si era necesario, interpondría “mil tutelas más”.

La Corte fue clara en que el ciudadano sí tiene protección estatal. Desde 2012 hace parte del programa de protección de la UNP por su condición de líder social y representante de víctimas en la Costa Pacífica. Además, desde 2019 cuenta con medidas ordenadas por el Consejo de Estado, entre ellas un vehículo, dos escoltas, chaleco blindado y equipos de comunicación.

El problema, según la decisión, es que para pedir un esquema más fuerte debía someterse a una nueva evaluación de riesgo y no lo hizo. La UNP explicó que intentó practicar esa valoración en agosto de 2025, pero el proceso no avanzó porque el ciudadano recusó al director de la entidad y luego incumplió varias órdenes judiciales que le exigían asistir a la entrevista técnica.

La Corte también respaldó la posición de la UNP, que aseguró que Segura Toloza había desarrollado una especie de “modus operandi” usando tutelas para presionar la entrega de un esquema tipo cuatro, uno de los niveles de protección más altos y costosos.

Pero la decisión no se quedó solo en rechazar la tutela. El alto tribunal tomó medidas adicionales por considerar que hubo un uso abusivo de la justicia. En el fallo, la Sala aseguró haber detectado una “dinámica sistemática de abuso del derecho de acción constitucional”.

Por eso, ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura para que los jueces del país puedan identificar futuros casos similares y evitar que se sigan tramitando acciones repetidas o con lenguaje ofensivo contra funcionarios judiciales.

Además, cada vez que Segura Toloza presente una tutela contra la UNP deberá anexar copia de esta decisión judicial. También se ordenó que en ciudades como Cali, Pasto y Bogotá las nuevas acciones del ciudadano sean repartidas junto con el historial completo de las tutelas anteriores.

La Corte fue todavía más allá y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si hubo posibles delitos relacionados con los hechos del caso.

Y es que el impacto económico también quedó expuesto en el expediente. Durante 16 meses, la UNP llegó a destinar cerca de 356,7 millones de pesos para mantener provisionalmente un esquema de protección tipo cuatro, que luego fue retirado porque, según la decisión, no se logró demostrar que el ciudadano realmente necesitara ese nivel de seguridad.

Incluso, un investigador relató que cuando contactó telefónicamente al ciudadano para preguntarle por algunos de esos episodios, este respondió: “Doctor, muchas gracias por comunicarse, pero yo no me acuerdo de esos hechos”.