Problemas en el ahorro de los colombianos hicieron que el Gobierno Petro esté encima de los fondos de pensión: “No es exigible”

El Gobierno de Gustavo Petro ordenó vigilancia estricta sobre el traslado de fondos pensionales al exigir a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) un control inmediato ante diferencias que afectan a 132.000 afiliados y comprometen una suma billonaria en recursos en disputa.

La medida busca enfrentar el riesgo de desestabilización del sistema de pensiones, después de detectarse diferencias en los reportes sobre la transferencia de recursos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a Colpensiones y posibles inconsistencias en el número de afiliados y en los montos transferidos. El Ejecutivo advierte que el problema podría poner en peligro el pago de mesadas a más de 22.400 personas y mantener bloqueados al menos $25 billones, lo que afecta la sostenibilidad financiera nacional.

Por medio de una carta firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se conoció una carta en la que instruye al superintendente Financiero, César Ferrari, a “adoptar de manera expedita medidas preventivas y correctivas para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada por las AFP”. La urgencia planteada por los funcionarios responde a las discrepancias halladas ante el traslado de recursos de afiliados que recurrieron a la nueva reforma pensional habilitada por la Ley 2381 de 2024.

Riesgos financieros y discrepancias detectadas

Investigaciones revelaron que al menos $5 billones ya fueron reclamados por afiliados trasladados a Colpensiones, mientras otros $20 billones adicionales continúan bloqueados debido a medidas judiciales. Según datos del Gobierno, Colpensiones ya reconoció y pagó pensiones a 32.803 afiliados con derecho consolidado, lo que corresponde a $8,7 billones gestionados en medio de la polémica.

El documento muestra la existencia de un “riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las administradoras de fondos de pensiones”. El Gobierno remarcó la exigencia de “garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada”, además de certificar “la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados”.

Dichas medidas buscan resguardar la estabilidad económica y financiera de los fondos públicos implicados y evitar posibles impactos sobre las cuentas del Estado. Tanto los traslados voluntarios como los hechos por decisión judicial permanecen bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera.

Impacto en Colpensiones y en los afiliados al sistema

De acuerdo con el Gobierno, el bloqueo de recursos y las diferencias detectadas en los reportes representan un riesgo inmediato para la sostenibilidad de Colpensiones y comprometen el pago de pensiones a más de 22.400 personas ya reconocidas por el régimen público. El presidente de la entidad, Jaime Dussán, ya advirtió que el mantenimiento de fondos en manos privadas mientras se reconocen nuevas pensiones provoca un “desequilibrio financiero insostenible”.

Ante esto, el Ejecutivo insiste en que “no es jurídicamente exigible que Colpensiones asuma estos pagos mientras los fondos destinados a financiarlos permanezcan atrapados en la administración privada”. Por ese motivo, demanda la certificación y el balance de los traspasos realizados, tanto por decisión de los afiliados como por órdenes judiciales.

La controversia afecta tanto la seguridad de quienes ya reciben pensión como el derecho de quienes podrían acogerse al nuevo régimen conforme avance la reforma pensional.

Marco legal y directrices oficiales para la vigilancia

La petición está sustentada en la Directiva Presidencial 04 y en la Ley 2381 de 2024, que establecen el marco de vigilancia y control sobre los traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) y el Régimen de Prima Media (RPM). Según el Gobierno, la operación busca “proteger los derechos fundamentales de los trabajadores” que aprovecharon la ventana legal generada por la reforma.

Desde la Casa de Nariño, la instrucción es también “mitigar cualquier tipo de traumatismo contable que afecte el ahorro histórico de la población cotizante” y “restablecer la certidumbre técnica en el mercado de capitales”. El oficio detalla que la Superintendencia Financiera cuenta con facultades para inspeccionar, adoptar medidas correctivas, hacer visitas a las AFP y requerir la documentación necesaria para un control riguroso.

El objetivo final del Ejecutivo es asegurar que la información sobre los recursos transferidos y pendientes de traslado sea precisa y verificable, condición indispensable para sostener el sistema de pensiones y cumplir con sus compromisos futuros.