La impunidad domina los casos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano: más del 90% sigue sin condena

La impunidad en los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano sigue siendo la regla y no la excepción.

De acuerdo con la Corporación Sisma Mujer, más del 90% de los hechos de violencia sexual reportados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2025 permanecen sin sanción para los responsables.

De las 12.062 mujeres víctimas registradas en ese periodo, apenas 110 fueron indemnizadas. La directora de la organización, Katerin Jurado, recalcó que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural que el Estado no ha logrado contener ni reparar.

Las cifras oficiales, confirmadas en informes de la Defensoría del Pueblo, muestran que solo el 3% de los casos llegan a una condena, mientras que el 97% no obtiene una respuesta judicial efectiva. Este panorama de impunidad se agrava por la ineficiencia de los modelos de investigación y el enfoque centrado en los perpetradores, relegando a las víctimas a un segundo plano.

Víctimas invisibles y subregistro alarmante

El subregistro es uno de los factores que más distorsionan la verdadera magnitud del problema. Aunque el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza más de 35.000 casos oficiales, organizaciones civiles estiman que más de 5 millones de mujeres fueron agredidas sexualmente en el contexto del conflicto. El miedo, el estigma y el control territorial de los actores armados dificultan las denuncias y perpetúan el silencio de las sobrevivientes.

De acuerdo con datos recogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 1957 y 2016 se identificaron más de 35.000 víctimas de violencia sexual, reproductiva y de género. El 92% de las víctimas son mujeres y niñas, incluyendo 187 menores entre 6 y 11 años y 491 entre 12 y 17 años.

Las mujeres indígenas y afrodescendientes figuran entre las más afectadas: el 20% de las víctimas registradas son negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, y el 6% son indígenas.

El macrocaso 11 y los desafíos judiciales

En septiembre de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP abrió el macrocaso 11, destinado a investigar la violencia basada en género, la violencia sexual y reproductiva, y los crímenes por prejuicio en el conflicto armado. Los hallazgos iniciales atribuyen el 33% de los casos a grupos paramilitares, el 5% a las Farc y el 3% a agentes del Estado.

Hasta la fecha, la JEP acreditó a más de 1.200 víctimas y avanza en la recepción de versiones voluntarias de comparecientes. Diversas organizaciones como la Corporación Humanas, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Women’s Link Worldwide y Colombia Diversa han hecho recomendaciones formales para fortalecer la investigación y propiciar un avance significativo en el juzgamiento de estos crímenes.

Obstáculos para la justicia

El último informe de la Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional, publicado en abril de 2024, demuestra que solo el 2% de los casos termina con una sentencia condenatoria.

En el 82,6% de las investigaciones no se identificó a los responsables y no existe una estrategia clara para avanzar en los procesos judiciales. La Defensoría del Pueblo emitió 61 declaraciones por violencia sexual en lo que va de 2026, y en los primeros tres meses del año se reportaron 3.664 casos, con niñas y adolescentes concentrando el 51% de las víctimas.

El Ministerio de Defensa reportó 32.985 delitos sexuales denunciados en 2025, un dato que evidencia que la violencia sexual no ha disminuido tras la firma del Acuerdo Final de Paz. La ausencia de resultados efectivos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional mantiene abiertas las heridas de miles de mujeres.

El Día Nacional por la Dignidad y la lucha por la memoria

El 25 de mayo de 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue secuestrada y agredida sexualmente mientras investigaba crímenes cometidos por guerrillas, paramilitares y agentes estatales.

Su caso motivó la creación, en 2014, del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado, como medida de reparación simbólica.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 contra el Estado colombiano por el caso Bedoya Lima marcó un precedente al reconocer la violencia sexual como mecanismo de silenciamiento y control, así como la existencia de impunidad sistemática y generalizada en estos crímenes.

Mientras la ONU Mujeres Colombia alerta sobre el impacto de la violencia sexual en la seguridad colectiva y llama a fortalecer la reparación y las garantías de no repetición, la presencia estatal en territorios de alta conflictividad como el Pacífico, el Catatumbo y el Bajo Cauca continúa siendo insuficiente. En esos lugares, las organizaciones sociales representan el único recurso de atención para muchas víctimas.