
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que existe un supuesto acaparamiento coordinado de medicamentos en el país y anunció la intención de solicitar una investigación internacional sobre este fenómeno ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Según los datos citados por el mandatario en su cuenta oficial de X, la Policía Nacional ha documentado la retención de medicamentos sin ser entregados a los usuarios. Petro aseguró: “La existencia de acaparamiento coordinado de medicamentos para no entregarlos a los usuarios está completamente comprobado por los datos de la policía nacional a través de sus acciones (sic)”.
El mandatario sostuvo que, de acuerdo con registros policiales, la ciudad donde más se acapararían medicamentos es Medellín.
El presidente Petro señaló que la Policía Nacional habría incautado más de 6 millones de unidades de medicamentos durante el año pasado y más de 3 millones en lo que va de este año, tras una orden presidencial.
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En su publicación, Petro indicó que tradicionalmente se ha considerado que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), girados por el presupuesto nacional, serían insuficientes. No obstante, sostuvo que los datos de la policía “demuestran contundentemente que es un actividad criminal orquestada que ya tiene escenas de capturados (sic)”.
Gustavo Petro calificó la presunta actuación de ciertas empresas privadas de salud como delito de lesa humanidad. En sus palabras, “esta criminalidad de empresas de la salud privadas es un delito de lesa humanidad y debe ser investigada por la justicia internacional sobre crímenes contra la humanidad (sic)”.
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Y agregó: “Tengo la potestad normativa de pedir el inicio de esa investigación judicial internacional ante la CPI y lo haré (sic)”.
El jefe de Estado expresó que, según su criterio, la Policía Nacional debería mantener una labor diaria en todos los municipios del país para detectar e incautar medicamentos acaparados: “La policía debe asegurar una labor diaria y permanente en todos los municipios de Colombia para detectar más acaparamiento e incautar la medicinas que son acaparadas (sic)”.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro defendió la política sanitaria de su administración, mencionando avances en la cobertura y en los indicadores de salud con el enfoque preventivo adoptado en su gobierno.
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Gustavo Petro afirmó que durante su mandato la mortalidad infantil se redujo de manera significativa y que más personas acceden ahora a agua potable. Destacó el compromiso oficial para mejorar la atención médica y la prevención de enfermedades.
No obstante, el observatorio Así Vamos en Salud difundió un informe que señala el cierre de más de 4.000 consultorios clínicos en Colombia en los últimos cinco años, lo que evidencia un retroceso en la infraestructura sanitaria. El mismo reporte indica que las quejas sobre la atención médica han aumentado de forma constante, con demandas de mayor eficiencia en los servicios.
El cierre de clínicas y hospitales también afecta a Bogotá, situación que el presidente atribuye a la gestión de fondos realizada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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Según Petro: “en Bogotá caen IPS, es decir, consultorios, clínicas y hospitales, porque no les pagan las EPS, porque las EPS concentran los recursos en las clínicas de sus dueños privados (sic)”.
En relación a los datos de PQRS presentados por los usuarios, Petro puntualizó: “Por cada 10.000 afiliados, que la prensa no muestra, las peores no son las públicas, no es la Nueva EPS; entre las ocho peores de las 17 existentes, solo dos son EPS privadas intervenidas (sic)”.
El presidente también denunció maniobras que, a su juicio, buscan frenar la reforma sanitaria: “Acaparan los medicamentos para que no haya apoyo a la reforma a la salud, mientras el dueño de una EPS compra congresistas para frenar la reforma (sic)”.
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