Federico Gutiérrez criticó continuidad por la mesa de Paz urbana con cabecillas criminales de Itagüí: “Nos amenazan”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo a la reactivación de los diálogos entre el Gobierno Nacional y cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, que permanecen detenidos en la cárcel La Paz de Itagüí.

La decisión de mantener la Mesa de Paz urbana fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que en un comunicado aseguró que el proceso “no se suspende”, pese a “los intentos de sabotaje y las barreras institucionales”.

El anuncio se produjo casi dos meses después de que se generara controversia por una fiesta vallenata realizada dentro del penal, con la participación de varios de los voceros de organizaciones ilegales que forman parte de la mesa de diálogo. Este episodio avivó el debate sobre la legitimidad de las conversaciones y la conducta de los involucrados.

Ante la continuidad del proceso, Gutiérrez cuestionó públicamente la postura del Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro, señalando que las agrupaciones criminales continúan ordenando delitos desde el interior de las cárceles.

“Toda esa gente que está allá en Itagüí, nos amenazan, mandan mensajes, amenazan a la gente en las comunidades, intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, son los que cobran la extorsión. Desde allá disque hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente, pero ya casi se les va a acabar la guachafita”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde sostuvo que estos grupos siguen siendo responsables de homicidios y enfrentamientos armados en la ciudad. Criticó que el Gobierno nacional atribuya a la mesa de diálogo la reducción de los índices de violencia, un logro que el presidente Petro ha destacado en sus intervenciones recientes.

Para Gutiérrez, la política de “paz total” ha resultado en privilegios para líderes de organizaciones delincuenciales.

Desde la administración local, el mandatario reiteró su compromiso de combatir estos grupos mediante operativos y acciones judiciales, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer la acción institucional para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que las estructuras criminales sigan incidiendo en la vida de los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá.

Gobierno de Gustavo Petro mantiene negociaciones de paz urbana con cabecillas pese a escándalos y críticas

El Gobierno nacional decidió mantener la mesa de negociación con los cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, pese a los recientes escándalos y la controversia pública.

La Consejería Comisionada de Paz, dirigida por Otty Patiño, emitió un comunicado en el que acusó a la Fiscalía General de la Nación de dificultar el avance del proceso de paz urbana a través de acciones que calificó como “hostiles”.

En el mensaje publicado en la red social X, la entidad señaló que la Fiscalía ha emitido resoluciones “que no cumplen los requisitos” y ha emprendido una “persecución judicial” contra voceros y sus familias.

El pronunciamiento surgió luego de que la senadora Isabel Zuleta señaló deficiencias en la revisión de la temporalidad, territorialidad y motivación de las órdenes de captura levantadas, factores que, según la legisladora, han interferido en el desarrollo de las conversaciones con los líderes de bandas de la región.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz también manifestó preocupación por las dificultades generadas por algunas instancias del Inpec y la falta de avance en el Congreso para aprobar una legislación que permita implementar justicia restaurativa y nuevas herramientas jurídicas para facilitar la transición hacia el Estado social de derecho.

El anuncio de la reanudación de las negociaciones se produjo tras la polémica fiesta celebrada en la cárcel de Itagüí, donde participaron varios voceros y el cantante de música vallenata Nelson Velásquez.

A pesar de las críticas, la Consejería reiteró el compromiso tanto de los representantes de las estructuras armadas como de la delegación gubernamental para “persistir e insistir” en la búsqueda de acuerdos de paz urbana, defendiendo la vigencia del proceso en medio de cuestionamientos y tensiones institucionales.