
La firma de abogados Alzate Hernández, en representación de Juliana Guerrero, emitió un comunicado oficial para rechazar las denuncias periodísticas que la vinculan con una supuesta red de tráfico de influencias y cobro de comisiones a empresarios para la adjudicación de contratos públicos en distintas entidades del Estado.
La defensa de la joven cercana al presidente Gustavo Petro desmintió la existencia de reuniones, pagos o gestiones irregulares ante ministerios y agencias del Gobierno nacional. El pronunciamiento se dio luego de la revelación por parte de la revista Semana de audios, chats y comprobantes que señalarían a Guerrero y a su hermana Verónica de exigir dinero a contratistas a cambio de licitaciones públicas.
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A través de su equipo legal, la implicada aseguró que decidió pronunciarse para responder a los cuestionamientos surgidos en medio de las investigaciones que cursan en su contra: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

No obstante, indicó que consideró necesario romper ese silencio ante la forma en que, según ella, se ha interpretado su postura frente a las acusaciones: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.
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Juliana Guerrero responde a las denuncias por presunto tráfico de influencias
Y es que, de acuerdo con la investigación periodística, se señala que las hermanas Guerrero habrían montado un esquema de cobros que incluyó tarifas de $1 millón por reuniones iniciales, giros cercanos a los $200 millones para trámites y comisiones del 10% sobre el valor total de proyectos adjudicados.
Según los reportes, el grupo prometía incidir en la adjudicación de obras de cámaras de seguridad en el Ministerio del Interior, cartera encabezada por Armando Benedetti —funcionario del que es cercana—, y proyectos de acueducto y vivienda en el Ministerio de Vivienda; la red también ofrecía gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Fondo Colombia en Paz y Fiduagraria.
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En respuesta a estas versiones, Juliana Guerrero agregó a su pronunciamiento, a través de sus abogados, que: “Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”.

La exfuncionaria desvirtuó los señalamientos sobre la recepción de transferencias digitales o dinero en efectivo para mover influencias en las carpetas de contratación de las entidades del poder ejecutivo.
“De la misma manera, jamás he recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público. Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o a quien, usando mi nombre, pretenda hacer lo mismo”, puntualizó en el texto divulgado por la firma Alzate Hernández.
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El comunicado también hizo precisión sobre la relación de Juliana Guerrero con el Estado durante los últimos meses, en medio de los cuestionamientos surgidos por su llegada a cargos públicos pese a su corta edad y su formación académica.

La joven aseguró que no desempeña actualmente funciones dentro de la administración pública desde que presentó su renuncia como delegada de Presidencia en el consejo en la Universidad Popular del Cesar (UPC) y que no tiene participación en decisiones oficiales.
“Desde hace más de un año no ostento vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno nacional y, desde el mismo momento de mi renuncia, me he mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el ámbito estatal”, precisó el comunicado.
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Juliana Guerrero ‘sacó las uñas’ para defender al Gobierno Petro
A pesar de las indagaciones penales en su contra por fraude procesal y falsedad ideológica por la presunta falsificación de títulos universitarios, Guerrero expresó su respaldo a la actual jefatura de Estado.
“Respecto del Gobierno del presidente Gustavo Petro, solo tengo palabras de agradecimiento por la oportunidad que se me brindó desde la función pública. Reconozco los esfuerzos que se han realizado para impulsar transformaciones sociales en beneficio de los colombianos y valoro la confianza que se depositó en mí para hacer parte de ese propósito”, indicó la exdelegada presidencial.

Cabe destacar que el quiebre de las denuncias de los contratistas se dio al no recibir la adjudicación de las licitaciones prometidas en las regiones del país; por esta razón, varios empresarios que aseguraron entregar sumas superiores a los $600 millones filtraron las conversaciones tras la falta de resultados.
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Frente a esto, Juliana Guerrero reiteró su disposición para acudir a las citaciones de los organismos de control y los jueces de la República en las investigaciones que avanzan en su contra: “Precisamente por respeto a esa confianza, a las instituciones y a la ciudadanía, reafirmo mi compromiso de colaborar con la administración de justicia y comparecer tantas veces como sea necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
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