
Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los presuntos involucrados en la muerte de Yulixa Toloza comenzaron el jueves 21 de mayo de 2026 en Bogotá. El proceso se abrió tras confirmarse el fallecimiento de la mujer, de 52 años, luego de someterse el 13 de mayo a una lipólisis láser en el centro estético ilegal Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital del país.
Recientemente, una de las mejores amigas de Yulixa, Estefanía López Artunduaga, fue mencionada en videos elaborados con inteligencia artificial que la señalan como supuesta “reclutadora” de pacientes para el centro ilegal.
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Ante los señalamientos, el abogado de López Artunduaga, Jimmy Erazo, dijo a El Tiempo que su clienta “no tiene ninguna relación con los dueños de Beauty Láser”. El jurista agregó que ella se sometió al mismo procedimiento que se realizó Yulixa, pero “afortunadamente no tuvo ninguna complicación”.
El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado en la vía Apulo, Cundinamarca, según confirmó el Instituto de Medicina Legal. La mujer había desaparecido la noche del 13 de mayo luego de una intervención estética en un establecimiento no autorizado en Bogotá. El caso está bajo investigación.
La defensa anticipó que solicitará que López Artunduaga sea reconocida como víctima en el proceso. La Fiscalía ya la escuchó en calidad de testigo.
Por otra parte, las más recientes acciones de la justicia colombiana incluyen la imputación de cargos a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados por su participación en la desaparición y ocultamiento del cuerpo de la víctima.
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Otros implicados en la red permanecen detenidos en Venezuela, y la investigación abarca a varios actores no capturados, con nuevos implicados identificados en Colombia y Venezuela y un proceso judicial que examina las responsabilidades tanto de quienes participaron en el procedimiento ilegal como de quienes colaboraron en el encubrimiento.
Actualmente, además de los detenidos en Bogotá, se busca a un anestesiólogo conocido como ´Leo’ (que aparece en el expediente de la Fiscalía, figura como anestesiólogo y que atendió a Yulixa Toloza y a otras clientas), al supuesto cirujano Eduardo David Ramos y a otras personas relacionadas con la clínica Beauty Láser.
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Procedimientos ilegales y red transfronteriza de clínicas estéticas
Las pesquisas han confirmado que Beauty Láser realizaba intervenciones sin permisos oficiales. Existe la sospecha de que estaba enlazado con otros establecimientos similares, tanto en Bogotá como en Venezuela.

Testimonios recogidos por la Fiscalía revelan que las pacientes podían recibir diferentes esquemas de sedación y anestesia dependiendo del procedimiento.
De acuerdo con el informe oficial del Instituto de Medicina Legal revelado el 21 de mayo de 2026, Yulixa Toloza murió a causa de una embolia pulmonar, aunque una de las principales teorías sobre el motivo de su muerte se relacionaba con la anestesia suministrada.
Siendo el 22 de mayo del 2026, se han identificado seis implicados en distintas fases del proceso judicial, incluida la revisión de la autenticidad de las credenciales médicas del supuesto cirujano Ramos por parte de las autoridades venezolanas.
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Dificultades judiciales y cooperación entre Colombia y Venezuela
La dimensión internacional de la causa ha generado dificultades en los trámites para trasladar a los capturados que están en Venezuela hacia Colombia.
Ante la imposibilidad de concretar la extradición, es posible que sean procesados en territorio venezolano, según el análisis de la Fiscalía General de la República en Venezuela, del Ministerio Público de ese país. Su justificación se centra en que los tres procesados (María Fernanda Delgado, Edinson Torres y el supuesto médico Eduardo David Ramos) están amparados por el artículo 69 de la Constitución de Venezuela, el artículo 6 del Código Penal de Venezuela y el Tratado de 1911.
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Respectivamente, estos acuerdos políticos y diplomáticos explican que, “se impide entregar a sus ciudadanos a otros países bajo ninguna circunstancia”, “un nacional debe ser juzgado por las autoridades de su país, incluso si el delito se cometió en el extranjero” y, aunque existe el Tratado Bolivariano de Extradición vigente con Colombia, este solo aplica para ciudadanos extranjeros capturados en Venezuela, no para sus propios nacionales.
Mientras tanto, las autoridades judiciales de ambos países continúan coordinando para esclarecer los hechos y determinar la jurisdicción sobre los implicados.
El entorno de personas cercanas, como López Artunduaga, permanece disponible y dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades para clarificar la verdad sobre cada uno de los papeles en el proceso.
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