Procurador General explicó por qué se cambió al funcionario designado para el caso Yulixa Toloza: “No pueden poner un formalismo por encima del dolor”

Gregorio Eljach Pacheco, procurador General de Colombia, se pronunció sobre los motivos por los que relevó al procurador delegado Carlos Arturo Chávez en el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 51 años que fue hallada sin vida en una vía del departamento de Cundinamarca, tras haberse sometido a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

El alto funcionario explicó que el cambio se tomó tras la decisión de Chávez de apelar la legalización de captura de Jesús Hernández y Kelvis Sequeira, señalados de intentar ocultar el vehículo con el que sacaron a la estilista del local comercial.

“Uno no pueden poner por encima un formalismo, por la razón que tenga, así sea un requisito que se puede subsanar en el camino (...) sobre la indignidad que tienen los colombianos, sobre el dolor que Colombia viene padeciendo con este suceso”, expresó el líder del organismo de control en una rueda de prensa.

En reemplazo del delegado, Eljach conformó un equipo especial que asumirá la totalidad del proceso, incluido el seguimiento a los detenidos en Colombia y a tres capturados en Venezuela a la espera de una definición sobre extradición.

“El ejercicio de la procuraduría no puede ser algo aislado, frío, carente de cualquier sentido de humanidad o de pertenencia. Somos funcionarios que defendemos los derechos de la gente, no una literalidad ni la obtusa interpretación de algún funcionario que perdió su contacto con la realidad hace bastante tiempo”, añadió.

El procurador también alertó sobre centros estéticos clandestinos en Bogotá y aseguró que la Procuraduría intensificó medidas para que el Distrito controle esa problemática. “Hay una proliferación de este tipo de establecimientos que se aprovechan de la vanidad y la precariedad”, advirtió.

Diferencias entre entidades

La controversia se produjo en la noche del miércoles 20 de mayo, durante la audiencia de legalización de captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira, investigados por favorecimiento, desaparición forzada y destrucción de pruebas.

En esa diligencia ante un juez de control de garantías de Cúcuta, Chávez sostuvo que ambos habían estado bajo control de las autoridades desde el domingo hasta el lunes en instalaciones de la Sijín de la Policía sin que existiera una orden judicial en ese momento. Solo un día después, el martes 19 de mayo, se ejecutaron las capturas ya con una orden judicial.

Chávez cuestionó que esa secuencia no hubiera sido expuesta con claridad ante el juez. “Se están ocultando cosas que se conocían y se deben contar. Me parece grave lo que se hizo aquí”.

La misma objeción fue planteada por el abogado defensor Samuel Quintero, quien afirmó que sus clientes permanecieron retenidos desde el domingo y añadió que el hospedaje habría sido pagado por la Fiscalía o la Policía. Según Quintero, “necesitaban presentarlos como trofeos al escarnio público. Evidentemente esto tiene origen en un caso de desaparición y muerte en contra de la señora Yulixa, pero la Fiscalía necesitaba dar resultados”.

La respuesta de la Fiscalía llegó durante la misma audiencia. La fiscal Juana M. Acosta, a cargo del proceso, calificó como “absolutamente irrespetuosa” la intervención del delegado Chávez y le respondió que la captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira cumplió todos los parámetros legales.

Decisión del juez

El punto central de la decisión judicial fue que las detenciones sí fueron válidas. El juez de control de garantías les impartió legalidad al concluir que no encontró irregularidades en el procedimiento.

Al fundamentar esa decisión, el juez explicó que para el domingo 17 de mayo todavía no existían los presupuestos jurídicos y probatorios definitivos para materializar una captura en situación de flagrancia. Esos elementos, agregó, se obtuvieron durante los actos de investigación dirigidos por la Fiscalía.

El último contacto visual con la víctima ocurrió el 13 de mayo, cuando cámaras de seguridad registraron su salida del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.

La Fiscalía detalló que, tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético, Yulixa presentó “deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”.

Según el ente acusatorio, el personal del lugar no solicitó atención médica ni informó a la familia sobre el estado crítico de la paciente. Durante la tarde de ese día, Toloza necesitó ayuda de otras personas para desplazarse dentro del local, y también se detectaron mensajes inusuales enviados desde su teléfono, lo que generó sospechas sobre la veracidad de la información entregada por los implicados.

La Fiscalía señaló tres puntos de negligencia: la ausencia de traslado a un hospital, las versiones contradictorias sobre un supuesto pedido voluntario de atención médica y la entrega de dinero para desaparecer el vehículo usado en el traslado.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 19 de mayo en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó su identidad al día siguiente.