Caravana del Pacto Histórico en Santander denunció agresiones y bloqueos: “Atacaron la chiva a piedra”

Un clima de tensión política se instaló en el departamento de Santander tras una serie de agresiones y bloqueos que afectaron directamente la caravana de campaña del Pacto Histórico. La comitiva, conocida como “la chiva de la campaña”, denunció episodios de violencia física y restricciones ilegales a la movilidad en varios municipios de la región.

La denuncia pública, presentada por integrantes del comité regional, sostiene que niños, mujeres y adultos mayores formaban parte del grupo que resultó interceptado en vías de acceso a municipios clave. Los hechos incluyeron la instalación de retenes informales y ataques con piedras, atribuidos por los voceros a presuntos simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Las agresiones se reportaron durante actividades de difusión de propuestas en las provincias de Chucurí y Guanentá. Según los portavoces de la colectividad, el recorrido fue interrumpido por grupos que les impidieron continuar con el cronograma proselitista, generando un ambiente de hostilidad que escaló a la violencia física. “Atacaron la chiva a piedra. Llegaron un grupo en el caso de Charalá y atentaron contra la integridad de los compañeros”, relató Jaime Rojas López, miembro del comité en Zapatoca.

El líder político subrayó que las agresiones no se limitaron a obstrucciones del paso, sino que involucraron golpes a varias personas, especialmente mujeres, quienes ya iniciaron procesos penales y judiciales. Esta situación fue calificada por el comité como una violación directa a las garantías democráticas contenidas en el artículo 40 de la Constitución, que protege el derecho a la libre difusión de ideas y programas políticos.

En respuesta a la gravedad de los hechos, la Gobernación de Santander anunció la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar acciones de seguridad y evaluar la situación junto a la Policía, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades municipales. A través de un comunicado oficial, la administración departamental rechazó “de manera categórica” cualquier acto que limite o afecte el desarrollo normal de las actividades políticas en el territorio.

Medidas oficiales y reacción institucional

Durante las reuniones del PMU, las autoridades locales intentaron establecer espacios de diálogo entre los involucrados, pero no lograron acuerdos concretos. En paralelo, la Gobernación convocó a una reunión extraordinaria con los 87 alcaldes del departamento, la Fuerza Pública y el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer estrategias de prevención y evitar nuevos episodios de confrontación política.

De acuerdo con la administración departamental, circulares especiales fueron remitidas recientemente a los municipios para impulsar canales de comunicación permanentes con actores políticos y reforzar la seguridad durante la campaña electoral. Las autoridades insisten en la necesidad de garantizar la libre movilidad, la integridad de los ciudadanos y el respeto al ejercicio democrático en Santander.

Contexto de las agresiones y denuncias penales

El comité del Pacto Histórico asegura que los incidentes no son aislados. Afirman que los ataques y bloqueos se han repetido en distintas localidades, con antecedentes recientes en Charalá, San Vicente de Chucurí y Zapatoca.

Estos episodios han sido interpretados por los dirigentes regionales como una estrategia coordinada para sabotear la participación política de la izquierda en la región. “El mensaje es muy claro y muy contundente, y es que dejen de estar violando la Constitución Política”, advirtió Rojas López, quien instó tanto a las autoridades como a los adversarios políticos a respetar los derechos fundamentales.

La Gobernación mantiene un monitoreo constante de la situación y no descarta nuevas medidas de seguridad en caso de que se repitan conductas que amenacen la normalidad del proceso electoral. Las autoridades reiteraron el compromiso de preservar el orden público y proteger el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política del departamento sin restricciones ni violencia.

El comité del Pacto Histórico, por su parte, anunció que continuará documentando los hechos y presentará nuevas denuncias ante las instancias pertinentes, en busca de sanciones legales para los responsables y garantías efectivas para el desarrollo de sus actividades políticas.