La inasistencia alimentaria podría considerarse como violencia económica y de género, concluyó fallo de la Corte Constitucional

La sentencia T-059 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia marcó un precedente trascendental al reconocer expresamente que la inasistencia alimentaria, cuando es reiterada y prolongada en el tiempo, constituye una forma de violencia económica y de género.

Según el fallo, el incumplimiento de la cuota alimentaria no solo afecta directamente a los hijos, sino que recarga de manera desproporcionada sobre las madres el peso económico, emocional y de cuidado del hogar, consolidando patrones estructurales de desigualdad y perpetuando la pobreza en contextos de vulnerabilidad.

Con esta decisión, la Corte aclaró que prácticas sistemáticas de evadir el pago de alimentos, como la ocultación de bienes o la simulación de ventas para eludir embargos, no pueden ser tratadas como simples conflictos patrimoniales privados, sino como manifestaciones profundas de violencia estructural.

Según el alto tribunal, acciones como la creación de litigios ficticios, la prolongación innecesaria de procesos y la distracción de patrimonio constituyen modalidades de abuso del derecho que contribuyen al desgaste físico, económico y psicológico de las mujeres, quienes en la mayoría de los casos asumen solas la responsabilidad de sostener la vida y el bienestar familiar.

El caso paradigmático que motivó este pronunciamiento fue el de Amalia (nombre ficticio), una joven que, tras casi dos décadas de litigios, nunca recibió los pagos a los que su padre, Damián, estaba legalmente obligado, pese a contar incluso con una condena penal en su contra.

De acuerdo con la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade (ponente), tanto Amalia como su madre promovieron 18 procesos judiciales y trámites administrativos a lo largo de 19 años para garantizar el derecho alimentario.

La magnitud del desgaste legal enfrentado por Amalia revela el alcance del problema: “El incumplimiento prolongado de las obligaciones económicas hacia los hijos no solo vulnera derechos fundamentales, sino que constituye una forma de violencia económica y de género que afecta gravemente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expuso la Corte Constitucional en el fallo.

Otra cifra relevante: en el año 2019, el Juzgado 20 Penal Municipal de Ciudad Morada condenó a Damián a 16 meses de prisión por el delito de inasistencia alimentaria, al establecerse que entre 2007 y 2018 acumuló una deuda de $39.989.699 en obligaciones alimentarias.

En noviembre de 2007, el padre de Amalia firmó ante el Icbf el compromiso de pagar una cuota mensual de $100.000, un aporte anual de $400.000 para vestuario, y de mantener a su hija afiliada al sistema de salud. Ninguno de estos compromisos se cumplió.

El obstáculo crucial apareció en marzo de 2017, cuando Damián simuló documentalmente la venta de su único inmueble a una mujer identificada como Catalina.

Tras un proceso civil, en enero de 2024, el Juzgado 10 Civil Municipal de Ciudad Morada declaró que la venta era fingida, reconoció la existencia de violencia económica y ordenó la apertura de un incidente para fijar indemnización a favor de la joven.

Pese a la condena, la pena fue suspendida y la deuda no se pagó. En marzo de 2017, Damián realizó una simulación de compraventa del único inmueble registrado a su nombre, acreditada más tarde como una maniobra para impedir que el bien fuera embargado.

La Corte Constitucional también determinó que la utilización de estrategias para evadir el pago —como la simulación de contratos y la distracción de bienes— constituyen violencia económica y de género, además de una vulneración directa a los derechos fundamentales de los hijos y las madres cuidadoras.

Ello significa que el incumplimiento alimentario no puede seguir considerándose un asunto privado entre particulares, sino un fenómeno estructural que debe abordarse desde el derecho constitucional, internacional y con enfoque de género, diferencial e interseccional.

El Estado y la administración de justicia están obligados a aplicar una respuesta reforzada con base en la prevención, la diligencia reforzada, la centralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia.

Respecto a la simulación de la compraventa, la Corte estableció que usar esta figura para ocultar bienes y evadir el pago de alimentos “menoscaba, vulnera y transgrede garantías fundamentales de las mujeres tales como el debido proceso, la igualdad, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias".

El tribunal también subrayó que la inasistencia alimentaria perpetúa la pobreza estructural, acentúa la exclusión y fomenta relaciones de dependencia, principalmente para las madres que terminan asumiendo solas la manutención y el acompañamiento integral de sus hijos.

La Sala remarcó que esta práctica “no puede ser interpretada únicamente como una infracción, sino como una manifestación estructural y profunda de violencia económica”.

Sin embargo, en segunda instancia, el Juzgado 17 Civil del Circuito mantuvo la declaración sobre la simulación pero retiró el reconocimiento de violencia económica y la reparación, aduciendo ausencia de solicitud expresa.

Frente a este fallo, en julio de 2024, Amalia interpuso una acción de tutela ante la Corte Constitucional. El alto tribunal revocó la decisión de segunda instancia y ratificó el reconocimiento integral de la violencia y el derecho a reparación.

La Sala presidida por Vladimir Fernández Andrade enfatizó que la inasistencia alimentaria prolongada “vulnera las condiciones de bienestar y desarrollo del alimentado y de su custodio al perpetuar situaciones de dependencia y exclusión en contextos de vulnerabilidad, así como generar las condiciones de asentamiento de la pobreza estructural”.

Las prácticas de eludir el pago de alimentos a través de maniobras legales no solo tienen consecuencias económicas, sino que profundizan el mensaje de exclusión, indiferencia y desigualdad histórica.

La Corte insistió en que la omisión alimentaria “se inscribe en patrones sociales e históricos de desigualdad que han normalizado el incumplimiento y la omisión de los padres frente al deber alimentario, mientras que se traslada sobre las madres la carga de cuidar, mantener y sostener”.

Para los magistrados, la instrumentalización judicial, junto con acciones como la simulación de contratos y la distracción de bienes, debe ser entendida como una modalidad grave de violencia basada en género y no como una disputa civil o familiar.

La Sala destacó la obligación estatal de “prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia basada en género”, remarcando que el tratamiento de estos casos requiere perspectiva reforzada y protecciones eficaces.