La Uiaf se refirió a la investigación al patrimono de la magistrada Cristina Lombana: “No hay intencionalidad política”

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) se pronunció sobre la investigación contra Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por un presunto incremento patrimonial injustificado.

En un comunicado emitido a la opinión pública, la entidad nacional señaló que el informe de inteligencia contra la togada fue entregado a las autoridades competentes en marzo de 2025 y que, desde entonces, no ha sido difundido nuevamente a ningún receptor, por lo que desconoce su filtración a la prensa nacional.

Así mismo, resaltó que la distribución de estos productos de inteligencia financiera se ejecuta únicamente hacia receptores autorizados y bajo estrictas normas de reserva legal establecidas por la ley colombiana.

“Nuestras acciones e informes se apegan a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad determinados en la Ley 1621 de 2023, por tanto no existen procesos con intencionalidad política o de otra naturaleza distinta a la que determina la Ley”, expresó la Uiaf en el comunicado.

La Unidad precisó que sus informes y acciones responden a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad definidos en la Ley 1621 de 2023. La institución rechazó cualquier indicio de que existan procedimientos impulsados por motivaciones políticas o ajenas al marco legal.

“La UIAF es respetuosa y garante de los Derechos Humanos de los sujetos de análisis de inteligencia financiera, sea cual sea su lugar en la sociedad, tal como lo dicta el carácter de Universalidad de los mismos contemplado en la Resolución 217A de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, que el Estado colombiano adoptó y por ende nuestra entidad acoge con estricto apego”, indicó.

Por último, la institución aclaró que sus documentos no tienen valor probatorio en procesos judiciales o disciplinarios, pues su función se limita a la generación de análisis orientativos que apoyan a otras entidades estatales en la lucha contra la criminalidad financiera.

“Los documentos que produce la UIAF son informes de inteligencia que tienen mérito de criterio orientador ante entidades receptoras de dichos informes, como lo dispone el artículo 35 de la Ley 1621 de 2013. Nuestro desempeño se alinea con los compromisos internacionales de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que mide el cumplimiento normativo de nuestra entidad”, puntualizaron.

Detalles de la investigación

El informe fue revelado por el periodista Daniel Coronell en la sección Reporte Coronell de Caracol Radio. Según el análisis de la Uiaf, la magistrada Cristina Lombana, que asumió funciones en 2018, tendría discrepancias significativas entre lo declarado en sus documentos oficiales y los registros encontrados por autoridades tributarias, un hallazgo que ha encendido el escrutinio público y político en torno al origen de sus recursos.

El análisis señala que mientras Lombana declaró en 2022 un patrimonio de $2.469 millones, solo se pudo respaldar la existencia de $596,5 millones, lo que genera una diferencia de $1.873 millones, cifra sustancial que ha impulsado la acción de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Según el organismo de inteligencia financiera, solamente el 33% del patrimonio declarado por la magistrada encuentra respaldo en los registros de terceros.

En cuanto a los inmuebles, la brecha entre el avalúo catastral y el comercial acentúa las dudas: siete de las trece propiedades inscritas a su nombre, distribuidas en Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte, suman $1.142 millones en avalúo catastral pero ascienden a $2.916 millones en avalúo comercial.

Previo a iniciar sus actividades en el alto tribunal, es decir en el año 2017, había reportado $651 millones. Para 2018, este monto ascendió a $1.018 millones, y en 2024, la cifra escaló a $3.402 millones, lo que representa la multiplicación por cinco respecto del inicio de su gestión en la Sala de Instrucción.

Defensa de Cristina Lombana

Ante la revelación periodística, Cristina Lombana sostuvo que el crecimiento de su patrimonio proviene de cobros de pólizas de seguros tras superar un cáncer, herencias familiares y los beneficios asociados a su condición de militar retirada.

En entrevista con el citado medio de comunicación, aseveró que estos ingresos extraordinarios le permitieron cancelar deudas, hipotecas y actualizar la valuación de los bienes recibidos judicialmente, entre ellos un apartamento de mayor valor posterior a un litigio. Detalló también que heredó propiedades tras el fallecimiento de su madre y su abuela, sumando una parte de $20 millones a compartir con otro heredero.

Lombana afirmó al medio que, desde 2018, ahorra entre el 10% y 30% de su salario en cuentas de ahorro voluntario (AFC) y percibe una pensión por invalidez además de su salario como magistrada. Añadió que los incrementos patrimoniales pueden estar relacionados con la actualización de avalúos comerciales gestionada por su contadora para optimizar la carga tributaria en caso de eventuales operaciones inmobiliarias.

En cuanto a las motivaciones de la pesquisa, Cristina Lombana declaró que la investigación de la Uiaf constituye una persecución política que, en sus palabras, obedece a intereses dirigidos por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y cuenta con la intervención del exdirector de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, y la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta.