El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, anunció que ha dado una instrucción directa prohibiendo a sus miembros cualquier forma de participación política o apoyo a algún candidato presidencial, en medio de la campaña electoral que se desarrolla en Colombia para las elecciones del 31 de mayo de 2026.
Esta decisión fue comunicada oficialmente por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con los alias de Chiquito Malo o Comandante Javier, máximo líder del Estado Mayor Conjunto del grupo armado.
“Se ha impartido una orden específica a todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia, según la cual queda expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular”, mencionó el máximo cabecilla en un comunicado.
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Así mismo, el grupo armado expresó que cualquier caso de presión, inducción o coacción a ciudadanos para favorecer a un aspirante presidencial, debe ser denunciado ante las delegaciones de Paz del Gobierno y del EGC.

“En caso de que algún ciudadano haya sido constreñido, inducido o presionado para votar por un candidato a la presidencia específico, se invita a presentar la respectiva denuncia con todas las pruebas ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento a los Acuerdos suscritos en Doha (Catar), cuya secretaría técnica está a cargo de la Mapp/OEA, con el objetivo de tramitarla de manera inmediata”, comunicó.
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Del mismo modo, la organización negó cualquier relación con actos de manipulación electoral y pidió a la sociedad hacer caso omiso de cualquier intento de injerencia electoral, así como destacó el compromiso de la agrupación con la dignidad y las reivindicaciones sociales de la ciudadanía, reiterando la invitación a denunciar cualquier irregularidad vinculada a procesos electorales.
“No se dejen engañar: el Ejército Gaitanista de Colombia no se presta para juegos sucios ni para servir como chivo expiatorio en la contienda electoral. Nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y con el respeto pleno de su libre determinación política, actuando exclusivamente en defensa de sus intereses y de los principios que nos guían”, puntualizó.
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Igualmente, la misiva fue comunicada por Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno, que se destaca como el jefe político del EGC y vocero oficial de la organización ilegal en el espacio socio-jurídico con el Gobierno colombiano.
Entrada de combatientes a la ZUT en suspenso
El proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo o EGC ha enfrentado recientemente varias dificultades.
Una de ellas provino de la Fiscalía General de la Nación que decidió no suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del grupo armado, en respuesta a los planteamientos del Gobierno nacional orientados a facilitar el proceso de paz con esta estructura armada.
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Esta postura mantiene en suspenso el traslado de los integrantes del EGC a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), un paso considerado esencial para el desarrollo del diálogo pero aún condicionado por el ente acusador.
A través de la Resolución No. 0-142 de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la entidad aclaró que la suspensión de las capturas sólo será viable cuando exista información “suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

Entre los elementos exigidos por la titular de la dependencia se incluyen la entrega de armas, la localización de personas desaparecidas, la cesión de menores de edad reclutados por la organización y la suspensión de hostilidades contra la población civil, además del desmantelamiento de sus estructuras financieras.
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El Gobierno había solicitado la suspensión para facilitar el traslado de los cabecillas a cinco zonas establecidas, con la expectativa de iniciar dicho movimiento a partir del 25 de junio.

En su momento, el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado de paz Otty Patiño establecieron que en esta primera fase no ingresarían a las ZUT aquellos miembros con órdenes de captura con fines de extradición, lo que reducía el alcance de la medida solicitada.
Patiño agregó que la suspensión de las órdenes de captura obedece a la Ley 2272 de 2022, que define la política de paz de Estado, y no puede depender de una “valoración discrecional”.
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