Registrador descartó riesgo de fraude en elecciones del 31 de mayo, pese a lo dicho por Petro: “No hay ninguna posibilidad”

La Registraduría Nacional enfrenta una de las mayores polémicas previas a los comicios del 31 de mayo en Colombia.

En medio de cuestionamientos encabezados por el presidente Gustavo Petro y un clima de desinformación, el registrador Hernán Penagos descartó tajantemente cualquier riesgo de fraude, subraya la naturaleza manual del proceso electoral colombiano y advierte que entregar el código fuente de los sistemas informáticos supondría un “grave riesgo” para la integridad de la elección, según una entrevista concedida a Semana.

“No hay ninguna posibilidad de alteración de esa acta y los software o los códigos fuente lo único que hacen es consolidar esa información, recogerla para una cosa en concreto: para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan tener información muy ágil y muy rápida de datos preliminares”, dijo el registrador a Semana.

En ese diálogo, Penagos aseguró que la Registraduría ya distribuyó el material electoral impreso a nivel nacional y en el exterior —donde la votación inicia con una semana de antelación—.

Además, expresó especial preocupación por los más de 100 municipios con alta presencia de grupos armados ilegales, una cifra que sitúa en primer plano el desafío de garantizar el voto universal, secreto y libre bajo condiciones de seguridad, de acuerdo con Semana.

El funcionario enfatizó que la organización del proceso incluye integridad y transparencia mediante auditorías, capacitación intensiva a los 860.000 jurados de votación y la participación tanto de observadores nacionales como internacionales.

El funcionario puntualizó: “Hay garantías para todos. Prueba de ello son las pasadas elecciones de marzo. Hubo auditoría internacional que certificó ese proceso electoral. En segundo lugar, publicación y digitalización de todas las actas electorales, para que los partidos, candidatos y la observación las pudieran ver y comparar con los datos de la Registraduría”.

Uno de los puntos centrales de la controversia pública surgió por el reclamo del presidente Petro, que exige la entrega del código fuente de los sistemas de preconteo y escrutinio.

Penagos explicó que los votos y las actas, los formularios E-14, “son manuales” y que el software oficial cumple un papel exclusivamente subsidiario: “Los software y los códigos fuente no son determinantes para el proceso y mucho menos pueden cambiar los resultados”.

El código fuente fue expuesto íntegramente a auditores acreditados durante dos semanas, pero su entrega a terceros o al público general es rechazada categóricamente por el registrador: “Entregar el código fuente es un riesgo muy alto para el proceso electoral [...] permitiría que hackers identifiquen vulnerabilidades y que otros suplantaran el software oficial”, indicó Penagos.

La cadena de custodios y observadores partidarios, sumados a la publicación inmediata de las actas, refuerzan —según Penagos— la imposibilidad de alterar resultados.

“En la mesa de votación están jurados de votación, 860.000 en total, que son ciudadanos del común, y testigos electorales de los partidos que pueden tomar la foto del acta electoral desde la mesa”.

La autoridad electoral destacó que, una vez cerradas las urnas, la vigilancia judicial es total. “Los jurados cuentan los votos y diligencian las actas. Después, los jueces de la república hacen lo que se conoce como el escrutinio. Cualquier partido, organización o candidato que tenga dudas de la información que publica la Registraduría se puede ir para los escrutinios, llevar abogados, llevar testigos y presentar las reclamaciones que quiera. Esa es la garantía que tienen quienes participan del proceso electoral, pero ajustado a derecho, dentro de los procedimientos legales”.

El registrador advirtió también sobre los riesgos de mantener la narrativa del fraude. Argumentó que tal discurso puede convertir la desinformación en una amenaza real para la seguridad: “Mantener narrativas de fraude es un grave riesgo de violencia que se puede generar en Colombia. Lo que más me preocupa es que la instrumentalización de personas termine siendo un enfrentamiento por desinformación y se genere una ola de violencia en un país como el nuestro. La desinformación y las noticias falsas [...] en Colombia generan tragedia y muerte”.

El registrador calificó la desinformación como la principal amenaza actual al proceso electoral colombiano. Señaló que anteriormente las mayores dificultades eran técnicas o logísticas —como la impresión y distribución del material electoral o el funcionamiento del software—. Hoy, el reto central reside en “luchar contra las noticias falsas”, manifestó.

Acerca de la relación con el Gobierno de Gustavo Petro, Penagos informó que el diálogo más frecuente se da con el ministro de Defensa, mientras que el contacto directo con el jefe de Estado es casi inexistente desde hace años.

Si bien desestimó cualquier confrontación abierta, insistió en la necesidad de que todas las autoridades contribuyan a consolidar la confianza ciudadana en la transparencia electoral. “Es deber de todas las autoridades enviar mensajes de confianza a la ciudadanía”, concluyó el registrador.