Falta de controladores, pagos millonarios y nepotismo: la Aerocivil colombiana bajo la lupa de la Procuraduría

Las denuncias sobre fallas administrativas y operativas en la Aeronáutica Civil de Colombia han generado preocupación sobre la seguridad aérea en el país.

El Ministerio Público colombiano alertó sobre el incumplimiento de turnos por parte de los controladores aéreos, el pago de sobresueldos injustificados, procesos de selección con posibles favoritismos y la existencia de barreras para el ingreso de nuevo personal, en un contexto de tráfico creciente de pasajeros, según reveló Semana.

Las recientes investigaciones documentan que los principales riesgos para la gestión del control aéreo en Colombia se centran en la falta de personal calificado, el incumplimiento de turnos, los beneficios sindicales desproporcionados y restricciones que limitan el acceso de nuevos controladores.

Estos factores han derivado en una situación de posible riesgo operativo para millones de usuarios y ponen en tela de juicio la gestión en la Aerocivil y la seguridad de los vuelos, de acuerdo con información de la revista Semana.

El informe del Ministerio Público colombiano, Procuraduría, estableció que la carencia de controladores aéreos viene de años atrás y se ha agravado.

Un estudio interno de 2018 recomendó una planta de 799 controladores, pero para 2025 apenas hay 715 empleados, con 84 vacantes y cerca de 50 trabajadores sin certificaciones médicas ni de inglés válidas.

Paralelamente, el tráfico en el aeropuerto El Dorado de Bogotá pasó de 30 millones de pasajeros anuales en 2018 a más de 50 millones, lo que, según expertos consultados por el medio mencionado, exigiría incrementar la plantilla hasta cerca de 1.400 controladores para garantizar la seguridad.

Las minutas revisadas por la revista Semana muestran que la organización sindical impone condiciones internas, presionando para que el estudio de personal se adapte a intereses particulares y solicitando reducir las jornadas por sobrecarga, aunque no cumplen los turnos pactados oficialmente.

Las normas internacionales recomiendan turnos de hasta ocho horas para preservar la seguridad operacional.

En Colombia, ese límite quedó fijado en seis horas, pero documentos obtenidos por Semana evidencian que en la práctica los controladores reorganizan sus horarios, especialmente en los turnos nocturnos, para trabajar únicamente cuatro horas continuas. Esto deja la responsabilidad en una sola persona, sin respaldo ni relevo.

El Decreto 0315 de marzo de 2026 estableció una bonificación adicional del 154% para controladores asignados en Bogotá. Así, un grado 21 percibe más de $7 millones fijos y, con bonificaciones, alrededor de $11 millones, alcanzando un salario mensual cercano a $20 millones.

A pesar de estos altos ingresos, documentos internos revisados por la revista Semana constatan el incumplimiento reiterado de los turnos y evidencian que estos sobresueldos se pagan incluso a quienes no cumplen funciones relacionadas con la operación, debido a acuerdos sindicales vigentes que asignan pagos con base en la antigüedad, fuero y permanencia en la planta, más allá de la prestación efectiva del servicio.

Minutas y registros reflejan patrones irregulares y generan dudas sobre la eficacia en la gestión de los recursos públicos en la Aerocivil.

La revista Semana accedió a documentos internos que muestran la presencia de, al menos, 70 controladores aéreos con lazos familiares directos en cargos clave, lo que sugiere nepotismo y posible favoritismo en la asignación de turnos y horas extra. Entre los apellidos sobresalen Córdoba, Araújo, Díaz y Torres.

La organización sindical ha impulsado restricciones para la incorporación de nuevo personal, como limitar la edad máxima de ingreso a 35 años, excluir a quienes provienen de la fuerza pública, exigir la realización de cursos en el Centro de Estudios Aeronáuticos y aceptar únicamente certificaciones de inglés de cinco centros autorizados.

Estas condiciones han impedido el acceso de aspirantes calificados, incluidas personas retiradas del sector defensa, a pesar del déficit de personal identificado por el Ministerio Público colombiano, Procuraduría.

El caso de Irina Lara, expresidenta de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos, ilustra los vacíos y privilegios detectados.

En 2024, Lara justificó públicamente que un joven de dieciocho años sin licencia operara la torre de control. Registros internos consignan que percibía en promedio 18 millones mensuales, aunque no contaba con certificado médico y solo realizaba una fracción mínima de las horas laborales establecidas para su cargo.

Entre enero y septiembre del año anterior, debió cumplir unas 1.200 horas, pero apenas sumó 30 horas. A pesar de ello, recibió la totalidad de su salario y las bonificaciones asociadas a su posición y al fuero sindical.