Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado por la violencia contra el pueblo U’wa durante la exploración petrolera: “Tienen derecho a la propiedad de la tierra”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este viernes 15 de mayo de 2026 el alcance del perdón público que ofreció en nombre del Estado colombiano al pueblo U’wa, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las afectaciones derivadas de proyectos de exploración petrolera en territorios ancestrales sin consulta previa.

El mandatario recordó el mensaje que publicó en la red social X tras el acto oficial realizado el 14 de mayo de 2026 en Cubará, Boyacá, donde se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad internacional.

En esa publicación, Petro expresó que el Estado asumía la responsabilidad histórica por los hechos ocurridos en territorios del pueblo U’wa entre Arauca y Boyacá.

En su declaración, el presidente señaló de manera directa: “A nombre del estado colombiano y como lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pedí perdón a nombre del Estado colombiano por la violencia que se ejerció contra la comunidad Uwa entre Arauca y Boyacá por la exploración petrolera y el paso del oleoducto caño Limón Coveñas sin haberla consultado”.

El jefe de Estado añadió además un mensaje con énfasis en el acceso a la tierra en el ámbito rural, al afirmar: “La población rural tiene derecho a la propiedad de la tierra”.

El pronunciamiento se desarrolló en el cumplimiento de la decisión emitida por la Corte IDH, que determinó la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración de derechos fundamentales del pueblo U’wa, entre ellos la consulta previa, la participación en decisiones sobre su territorio y la protección del medio ambiente en zonas de alto valor cultural y espiritual.

La sentencia internacional estableció que durante décadas el Estado permitió la ejecución de proyectos estratégicos, como el oleoducto Caño Limón–Coveñas, sin garantizar procesos de consulta adecuada con la comunidad indígena, lo que derivó en afectaciones territoriales, ambientales y culturales.

El pueblo U’wa, asentado en los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander, ha sostenido una resistencia histórica frente a la exploración petrolera en su territorio, al considerar que estos recursos hacen parte de un equilibrio espiritual y no deben ser explotados.

El acto de perdón realizado por el presidente en Cubará fue acompañado por autoridades indígenas y representantes del Estado, y fue interpretado como un cumplimiento parcial de las órdenes de la Corte Interamericana, que incluyen además la titulación de tierras, el saneamiento de resguardos y la participación de la comunidad en la administración de áreas protegidas como el Parque Nacional Natural El Cocuy.

Líderes del pueblo U’wa han insistido en que, aunque el reconocimiento estatal representa un avance simbólico importante, aún persisten deudas estructurales en materia de reparación.

En ese sentido, han pedido que los compromisos se traduzcan en medidas concretas de protección territorial y garantías de no repetición.

Tiempo para el perdón, tiempo para la constituyente

Tras ese acto, el debate político se amplió luego de que el presidente anunciara nuevas convocatorias de carácter constituyente desde el mismo municipio de Cubará.

Según explicó, estas instancias buscan articular al campesinado, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en torno a una agenda de reforma rural y cumplimiento de compromisos del Acuerdo de Paz.

Petro señaló que uno de los momentos clave será la participación ciudadana en los próximos escenarios electorales, donde, según dijo, se definirá el rumbo del modelo de propiedad de la tierra en el país.

El mandatario planteó que la disputa política gira entre modelos que, a su juicio, favorecen el despojo o la consolidación de derechos para trabajadores rurales, comunidades étnicas y sectores populares.

En ese contexto, el jefe de Estado reiteró las metas de su gobierno en materia agraria, entre ellas la titulación de millones de hectáreas y la ampliación de la reforma agraria.

Estas cifras han sido presentadas por el Ejecutivo como parte de la transformación estructural del campo colombiano, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz y de obligaciones internacionales en derechos humanos.

El presidente también cuestionó recientes decisiones judiciales relacionadas con la adjudicación de tierras, al considerar que podrían limitar la implementación de la reforma agraria.

Sin embargo, desde el ámbito judicial se ha precisado que no existe un bloqueo a la entrega de baldíos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, sino observaciones sobre la necesidad de mantener el papel de los jueces agrarios en procesos de recuperación de predios.