
Con una fuerte réplica en sus redes sociales, Hernán Cadavid, representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático, criticó el jueves 14 de mayo al presidente de la República, Gustavo Petro, por responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia de frenar la reforma agraria en el país. Lo anterior, luego de que el primer mandatario acusó al alto tribunal de haberle propinado un “golpe rotundo” a la lucha por la tierra.
El mandatario, que visitó la población de Cubará (Boyacá), en un acto de reparación y reconocimiento por la lucha histórica de la nación U’wa, afirmó que con su fallo la Corte impidió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda sanear y transferir tierras baldías, que estarían ubicadas en la Orinoquía, la Amazonía y otras regiones del territorio nacional a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
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“Acaba la Corte Suprema de expedir un fallo, solo he leído lo que hoy indica la prensa, hay que leerlo más profundamente, sobre los baldíos nacionales. Y que en el caso de Orinoquía, de Amazonía y de otras partes del país, es la mayor parte de la tierra de Colombia, en donde prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente”, indicó Petro.
En consecuencia, solo habilitaría dos instancias del poder judicial, en el más alto nivel, para que se determine si el baldío es baldío y pertenece a la Nación, o si es de sus actuales poseedores. En su intervención, Petro sostuvo que la decisión “ha cerrado hoy el camino de la reforma agraria” y la calificó como un retroceso en los derechos del campesinado colombiano; pronunciamiento que molestó al congresista paisa.
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“Es la lucha de nuestros abuelos y diría bisabuelos y más antes, la que hoy recibe un golpe rotundo de parte del poder judicial en Colombia”, expresó el mandatario, que además citó el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la ampliación de resguardos y titularidad de la tierra en Colombia; según él, porque “una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplirla”.
Según Petro, le están quitando facultades a la ANT, heredadas del antiguo Incora, y de otras instituciones más atrás, que vienen de la Ley 200 de 1936. “Que es el resultado del reconocimiento de la lucha de Quintín Lame y del campesinado de Colombia por su derecho a ser propietarios y poseedores de la tierra”, destacó el gobernante en sus declaraciones, que causaron fuertes reacciones desde la oposición.
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¿Qué dijo Hernán Cadavid frente a las afirmaciones de Gustavo Petro?
La reacción del parlamentario antioqueño no se hizo esperar, pues acusó al presidente de faltar a la verdad. “No es posible tanta mentira. 1. La Corte Suprema no ha expedido ningún fallo en ese sentido. Ha hecho recomendaciones al trámite de Jurisdicción Agraria. 2. La Corte Constitucional negó pretensión de su gobierno contra las garantías judiciales en proceso Agrario. MENTIROSO”, publicó el congresista en su cuenta de X.

Este contrapunteo se originó en medio de un contexto de alta tensión por la implementación de la reforma agraria, uno de los puntos más sensibles del Acuerdo de Paz de 2016. Según explicó Petro, la sentencia restringe la vía administrativa para que el Estado recupere tierras baldías y las adjudique a comunidades rurales, lo cual, a su juicio, representa “la única válvula que existía para democratizar la tenencia de la tierra”.
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Es válido decir que la nueva Jurisdicción Agraria y Rural, creada tras la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, estableció la figura de jueces y magistrados especializados en conflictos de tierras: una estructura que busca dar respuesta a décadas de disputas agrarias no resueltas; sin embargo, la operatividad plena de esta jurisdicción depende de una ley ordinaria pendiente de aprobación en el Congreso.
En específico, la identificada como proyecto de ley 183 de 2024 en Cámara y 157 de 2023 en Senado, que a casi un mes del término del periodo legislativo sigue sin avanzar. Así pues, el debate sobre la reforma agraria y la democratización de la tierra sigue generando divisiones en la opinión pública y en el Congreso, en una lucha contrarreloj de los sectores oficialistas para que logre ser aprobada antes del 20 de junio.
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