
Ecopetrol enfrenta una controversia de alto impacto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a raíz del cobro del IVA sobre importaciones de combustibles.
La petrolera estatal interpuso cuatro demandas en busca de frenar estos cobros a través de medidas cautelares, advirtiendo que la ejecución de los mismos podría llevar a una paralización de las operaciones en la Refinería de Cartagena (Reficar) entre siete y once días, con consecuencias sobre el abastecimiento de combustibles en Colombia, según informó Valora Analitik.
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En la última etapa del conflicto, la compañía argumentó que los cobros ejercidos por la Dian involucran importaciones de Acpm y gasolina realizadas por Reficar durante el período 2022-2024.
Camilo Barco, vicepresidente financiero de Ecopetrol, informó al medio citado que ya se superó la fase administrativa. Explicó que se agotaron los recursos de reconsideración, revisión y aclaración ante la Dian, por lo cual la empresa radicó sus demandas ante tribunales en Bolívar y ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Bogotá. Una de estas ya fue admitida, afirmó Barco.
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El conflicto toma relevancia por la dimensión de lo reclamado: el 5 de noviembre de 2025 la Dian notificó oficialmente a Ecopetrol de una deuda estimada en cerca de $9,4 billones, divididos en $6,3 billones atribuidos directamente a la estatal, $1 billón a Reficar y $2,1 billones en intereses.
En términos tributarios, la Dian reclama la aplicación de una tarifa de 19% de IVA sobre esas importaciones, mientras que, según las declaraciones aduaneras aportadas por la Refinería de Cartagena en 61 operaciones, la tasa aplicada fue de 0%.
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Además, Ecopetrol aseguró que estos costos impositivos no se trasladaron a los consumidores, por lo que cualquier erogación futura recaería íntegramente sobre la empresa.
La compañía, actualmente dirigida por el presidente encargado Juan Carlos Hurtado, busca la nulidad de las liquidaciones reclamadas sosteniendo que la Dian interpreta erróneamente la ley.
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Ecopetrol afirmó que el régimen especial de base gravable establecido en el Estatuto Tributario sí debe aplicarse a la importación de combustibles, posición opuesta a la de la Dian.
La empresa subrayó que, si la autoridad tributaria logra sus pretensiones, no solo sufriría un perjuicio financiero: advierte sobre la posibilidad de riesgo de insolvencia, eventuales liquidaciones y consecuencias directas sobre 4.600 puestos de trabajo vinculados a Reficar y empresas asociadas de la cadena.
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Desde Ecopetrol también se señaló en el pasado que la Dian intentaría aplicar los cobros con carácter retroactivo, requiriendo el pago de impuestos por importaciones de combustibles que habrían sido realizadas antes de que la nueva normativa tributaria entrara efectivamente en vigor.
El proceso abierto entre la Dian y la principal empresa de energía de Colombia continúa en los tribunales, con medidas cautelares pendientes de resolución y la expectativa de que la decisión pueda sentar precedente en el tratamiento fiscal de la industria.
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El litigio entre Ecopetrol y la Dian podría extenderse hasta seis años
El pleito judicial entre Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) podría prolongarse hasta seis años, según informó la estatal petrolera durante la presentación de resultados financieros en marzo. La compañía presidida por Ricardo Roa descartó que el caso tenga resolución en 2026 y aseguró que no está prevista ninguna afectación de liquidez durante ese periodo.
De acuerdo con Camilo Barco, vicepresidente de Ecopetrol, los procesos similares en el ámbito tributario suelen extenderse entre tres y seis años, cifra que detalló durante la llamada con inversionistas posterior a la publicación de los resultados de 2025.
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En este contexto, explicó que, tras agotar la etapa administrativa, la controversia pasó a la vía jurisdiccional y que el asunto ahora está en manos de los tribunales contencioso-administrativos, en los que se seguirá el trámite conforme a los plazos legales establecidos.
La empresa hizo énfasis en la existencia de medidas cautelares aplicables al caso, por lo que el eventual cobro coactivo será parte de la discusión dentro del proceso judicial. Según trasladó Barco, “Confiamos en que las instancias jurisdiccionales sabrán proteger los intereses de la compañía en este sentido. Estamos dentro de los plazos del proceso regulado. En pleitos similares, la definición puede tardar entre tres y seis años. Son plazos largos”, expresó en declaraciones citadas por Valora Analitik.
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La organización reiteró que el diferendo con la Dian no compromete la solidez financiera de Ecopetrol ni generará riesgos de liquidez durante el año próximo.
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