⁠Directora de la SAE denunció amenazas y hostigamientos contra funcionarios que lideran desalojos: pidió investigaciones urgentes y garantías de seguridad

La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, advirtió que funcionarios encargados de operativos de desalojo de bienes han sido objeto de amenazas y hostigamientos, y solicitó a las autoridades garantías de seguridad e investigaciones urgentes sobre estos hechos.

La denuncia se conoció a través de un video en el que la funcionaria describió situaciones recientes registradas en distintas regiones del país, incluida la capital, donde, según su declaración, se han presentado episodios de asedio contra servidores públicos de la entidad.

En su pronunciamiento, Pérez hizo un llamado a instituciones del Estado para que actúen de manera coordinada frente a estas situaciones. “Son objeto de amenazas, de hostigamientos, de asedios, a raíz de su labor, que es la recuperación de estos predios que vienen y provienen de economías ilícitas”, afirmó la directora de la SAE, agregando que estos hechos no son aislados y que han ocurrido en diferentes zonas del país, lo que ha encendido las alertas dentro de la entidad.

De acuerdo con lo expresado, los funcionarios afectados hacen parte de los equipos encargados de la recuperación de inmuebles que han sido objeto de procesos de extinción de dominio o administración estatal, como parte de la gestión de activos vinculados a actividades ilícitas.

Funciones de la SAE y contexto de los operativos de desalojo

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de administrar, custodiar y gestionar bienes incautados, extintos o en proceso de extinción de dominio en Colombia. Estos bienes incluyen inmuebles, vehículos, empresas y otros activos que han sido vinculados a investigaciones por actividades ilícitas.

Dentro de sus funciones se encuentra la recuperación física de inmuebles que han sido ocupados de manera irregular o que permanecen bajo control de estructuras que no tienen respaldo legal sobre su propiedad. Estos operativos, según lo explicado por la entidad, buscan garantizar que los bienes pasen efectivamente a la administración del Estado y puedan ser utilizados o enajenados conforme a la ley.

En este contexto, los funcionarios de la SAE participan en procesos de desalojo que requieren acompañamiento de la fuerza pública, debido a que en algunos casos los bienes están ocupados o han sido utilizados durante largos periodos por terceros.

La entidad ha insistido en que estos procedimientos se realizan bajo órdenes judiciales y en coordinación con autoridades competentes, como en el reciente caso de la empresa Fast Moda S. A. S., vinculada a las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, en el que la SAE asumió medidas administrativas tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presunto uso de la compañía como fachada para el ingreso de recursos de origen ilícito y contrabando.

La denuncia de amenazas y hostigamientos se produce en medio de la ejecución de estas labores, lo que, según la SAE, representa un riesgo para la integridad de los servidores públicos y para la continuidad de los procesos de recuperación de activos estatales.

Llamado a las entidades de control

En su declaración, la directora de la SAE solicitó la intervención de distintas autoridades para garantizar la protección de los funcionarios y avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas.

“Solicitamos el apoyo total de todas las autoridades: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, todos los entes de control, porque no podemos permitir que por el hecho de estar recuperando estos bienes, que se encuentran muchos aún en las manos de las mafias, de los carteles de la toga, de las marionetas, etcétera, etcétera, se vaya a pretender atentar contra estos funcionarios y la labor que desarrollan”, señaló Pérez.

En ese contexto, la entidad pidió que se adelanten investigaciones para determinar el origen de los actos de hostigamiento y establecer si existen estructuras organizadas detrás de estas acciones. La SAE insistió en que las labores de recuperación de bienes son fundamentales dentro de la política de administración de activos del Estado y que deben desarrollarse con garantías de seguridad.